Los Andes

Los dos grandes males del ejercicio del poder, son la corrupción y el abuso del poder. El primero es la utilización del poder en beneficio propio, de allegados o terceros, para la realización de negocios, buscando beneficios económicos ilegales; el segundo, referido al abuso del poder, es la utilización del mismo para perjudicar a los adversarios políticos, sociales o a terceros, haciendo un uso abusivo del poder.

Cómo evitar estos males de la política (el abuso del poder y el de la corrupción), es una preocupación de la teoría política, a la que ha ido implementándose una serie de mecanismos para eliminarlos o limitar sus efectos negativos, por lo que el estado, como sociedad organizada, está en permanente cambio y construcción.

En el Perú se ha desatado un nuevo escándalo, al conocerse que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) estaba haciendo seguimiento a una cantidad exorbitante de ciudadanos (entre 10 mil y 20 mil) ciudadanos, confeccionando “carpetas� con información de ellos.

En dichas “carpetas� se habría reunido información pública, de RENIEC, INFOCORP, SUNARP (Registros Públicos), etc, de personas públicas, políticos, periodistas, funcionarios, activistas sociales y profesionales, al parecer por ser considerados como opositores a los gobiernos de turno.

Para rastrear esta información, la DINI habría firmado convenios con organismos estatales, como SUNARP, que brinda esta información previo pago de tasas de 5 o 6 nuevos soles, que multiplicadas por las alrededor de 200 mil que habrían hecho, nos costaría a los peruanos uno o dos millones de nuevos soles.

A lo que sumamos los sueldos del personal de la DINI dedicado al seguimiento y rastreo a ciudadanos, averiguando sus propiedades muebles e inmuebles, sus asociaciones, empresas, etc.

La DINI tiene que ver con la defensa y seguridad nacionales, tanto interna como externa, y deben hacer seguimiento o rastreo de personas o colectivos que atenten contra la seguridad del Estado peruano, y no hacer seguimiento de los opositores políticos del gobierno de turno.

El seguimiento que viene haciendo la DINI, durante las tres últimas gestiones presidenciales (Alejandro Toledo Manrique, Alan García Pérez y Ollanta Humala Tasso), a ciudadanos que no constituyen peligro para la seguridad del estado, es una pérdida de tiempo, que solo serviría para fines subalternos de los gobernantes de turno.

La recopilación de información pública de ciudadanos, periodistas, políticos de oposición o profesionales, no es función de la DINI, sería un acto intimidatorio, se trata de decirles a los ciudadanos que los organismos de inteligencia y seguridad del estado los tienen registrados, seguidos y espiados, para atemorizarlos, de modo que no se metan en política, mucho menos como opositores al gobierno de turno.

De ahí que a la DINI no le preocupe ser descubierta, ya que le sería necesario que la ciudadanía se sienta vigilada, espiada, porque su objetivo sería atemorizarla.

Otra posibilidad, es que estemos ante una utilización delincuencial y mafiosa de la información recopilada y sistematizada por la DINI, que podría ser vendida o entregada a bandas delincuenciales dedicadas al chantaje y la extorsión de ciudadanos, empresarios, conociendo de sus negocios y propiedades, con lo cual estaríamos ante un estado y gobierno en abierta descomposición.

Otra hipótesis, es que esta información se estaría utilizando por los gobernantes de turno para responder a problemas políticos, con la información pública de adversarios u opositores políticos, para presionarlos o chantajearlos.

Cualquiera hayan sido las motivaciones de la DINI para realizar estos seguimientos y rastreos, al final se trata de un abuso del poder, cometiendo delitos penados por nuestro ordenamiento jurídico penal.

La DINI depende política y funcionalmente de la Presidencia de la República, y le reporta diariamente a ella, por lo que la responsabilidad política y legal debe asumirla el Presidente de la República, Ollanta Humala, como por mandato de la Constitución Política del Perú, el Presidente de la República no es responsable directo de sus decisiones y actos políticos, lo que indica que esta responsabilidad debe asumirla la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara.

La forma de asumir una responsabilidad política es mediante la renuncia o la censura de un Ministro o de todo un Gabinete, que se produce cuando se censura al Presidente o Presidenta del Consejo de Ministros, en este caso Ana Jara.

El que sea censurado un ministro o todo un gabinete de ministros, es una forma del juego o quehacer político, es parte del equilibrio de poderes y del control político, es un hecho eminentemente normal, y no puede ser calificado como un acto anti patriótico o incorrecto; debemos acostumbrarnos a que el asumir una responsabilidad política debe ser algo normal y no debe ni asustarnos ni escandalizarnos.