Los Andes

Los días 27 y 28 de mayo, las regiones del sur del Perú paralizaron en solidaridad con las luchas del pueblo del Valle del Tambo, en contra de los proyectos mineros “Tía María� y “La Tapada�, ubicado en la provincia de Islay, en la Región Arequipa; amos de propiedad de la empresa Southern.

Las poblaciones de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Puno, Tacna, paralizaron actividades y realizaron diversas movilizaciones durante los dos días. En la región del Cusco, sus pobladores se movilizaron el jueves 28 de mayo, mientras que Cajamarca rechazó la decisión del gobierno durantes los dos días.

Esta protesta, en contra de los proyectos mineros de Tía María y La Tapada, cuestiona la política del Estado peruano, respecto a la minería, en el fondo es un cuestionamiento, respecto a la explotación de los recursos naturales mineros, que tiene el Perú a partir de la Constitución Política de 1993, para muchos, aprobada fraudulentamente por el gobierno de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori.

El artículo 66 de la Constitución Política del Perú, establece que “los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación�, agregando que “la concesión otorga a su titular un derecho real...�, lo que significa que los propietarios de terrenos no son dueños, de los recursos naturales mineros o de hidrocarburos que estén en el subsuelo, los que obtengan la titularidad de las concesiones mineras y petroleras, obtienen derechos reales, es decir derechos de propiedad, respecto a los recursos naturales.

El señalar que los “recursos naturales... son patrimonio de la Nación�, se torna en solo una ficción, ya que el Estado entrega la propiedad de ellos a los denunciantes, que devienen en ser titulares de las concesiones, en virtud a una legislación entreguista y antinacional, ya que no obliga a los gobernantes a exigirles, un pago o compensación por la explotación de los recursos naturales. Recordemos que el premio Nobel de Economía 2001, Joseph F. Stiglitz, señalaba que las empresas mineras, preferían pagar coimas de unos millones de dólares, a gobernantes y/o funcionarios corruptos, para así obtener miles de millones de dólares como ganancias.

El paro ha tenido una gran fuerza y contundencia en la Región de Puno, debido a la solidaridad con los miles de puneños en Arequipa, particularmente en la provincia de Islay, en el valle del Tambo.

El éxito del paro, se explica también, porque la población siente que el Estado no cumple con sus obligaciones, de brindar servicios a la población, en el caso de Puno, la presencia del estado es débil, muy pocos confían en el Poder Judicial, como parte del Estado, encargado de resolver conflictos y administrar justicia; tampoco confían en los ministerios y la administración pública es percibida como corrupta e ineficiente.

La autoridad y el poder, por parte de nuestros gobernantes, se sostiene en la aceptación voluntaria, en la legitimidad de ellos y también en la fuerza, que tiene el Estado, por los monopolios que tiene, de la violencia legal, la justicia y las armas.

Si la población percibe que el Estado y sus gobernantes, no cumplen con brindar los servicios por los cuales paga sus impuestos y que solo se le amenaza con la fuerza, con reprimir a sus dirigentes, solo se alienta la protesta.

La presencia del Presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano Bellido, en las regiones de Puno y Cusco, el martes 26 de mayo, día anterior al inicio del paro de 48 horas, fue interpretado como un reto para los organizadores del paro, porque su presencia les recordó la existencia de un Estado débil, muchas veces ausente, que no cumple con sus obligaciones de brindar servicios sociales, y al contrario amenaza a los pobladores, haciendo uso de la fuerza.

La presencia del Ministro Cateriano, ha tenido el mismo efecto, que si hubiese venido el propio Presidente de la República Ollanta Humala, o la esposa de él Nadine Heredia, ya que ha sido un acto de frivolidad política, venir a Puno y Cusco a amenazar y no a preocuparse por sus necesidades.

Si el gobierno actuará con inteligencia, debería de suspender la tramitación del pedido de autorización para las operaciones de las labores mineras en Tía María y La Tapada, hasta que asuma el próximo gobierno (julio del 2016), ya que el actual gobierno de Ollanta Humala Tasso, no tiene la autoridad moral para hacerlo.

En el conflicto de Tía María, le corresponde a la empresa minera Southern, buscar un acuerdo con la población, sobre la base de corregir los graves daños que viene causando en el medio ambiente, a las actividades agropecuarias de la población.

Entre los daños causados por la Southern, hay que recordar la destrucción y casi desaparición del Valle del Cinto, en la provincia de Jorge Basadre, en la Región de Tacna, causada por la explotación del proyecto de Toquepala, que ha dejado en la práctica, sin agua dulce a los agricultores de dicho valle.

El estado no debe, convertirse en abogado de parte, o representar a las empresas mineras, por el contrario debería proteger a la parte más débil de la negociación, que este caso es la población, bajo el principio tutor o tuitivo del Estado.

La obligación de obtener la licencia o autorización social corresponde a las empresas mineras, mientras que al Estado le corresponde ser imparcial, promover y resguardar las negociaciones entre las partes, poblaciones y empresas.