Los Andes

Se necesita fortalecer a los partidos políticos existentes para que representen a varias regiones, y no solo a Lima, como sucede hoy. Actualmente, la mayor parte de gobernadores regionales pertenece a un movimiento regional o agrupación política local.

En octubre del 2018 se realizarán las próximas elecciones regionales y municipales. Al estar tan cerca de la fecha, surge la pregunta de si estamos preparados con las leyes que existen actualmente. Las elecciones del 2016 estuvieron teñidas con una reforma electoral que si bien tuvo buenas intenciones, fue incompleta.

Las medidas de la reforma electoral se acordaron tarde. Algunos proyectos de ley fueron aprobados con menos de seis meses de anticipación a las elecciones. Por ejemplo, se decidió que por cada partido en una alianza, se suba en 1% la valla electoral. Esto haría que el Partido Aprista Peruano, dentro de Alianza Popular, no lograra superar la valla y perdiera su inscripción. Sin embargo, esta ley fue aprobada en enero y el plazo para la inscripción de alianzas electorales venció en diciembre; el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no aplicar la ley para estas elecciones.

La reforma electoral dejó vacíos en lo referente a los mecanismos de control para impedir la infiltración de dinero ilícito y con ello, intereses ocultos. Por un lado, se pidió mayor control sobre quiénes aportan dinero al partido y por otro, sobre quiénes postulan como candidatos.Una de las iniciativas fue la de incrementar los impedimentos de postulación.Aún está permitido que personas con sentencias por terrorismo o narcotráfico puedan estar en las listas. Si este impedimento existe para maestros, ¿por qué no existe para las personas que representan a millones de peruanos y toman decisiones que afectan sus vidas?. Candidatos limpios pueden enfocarse más en responder a los intereses democráticos y no a los propios.

Otra de las iniciativas fue la mejora de las sanciones cuando las organizaciones políticas no presentan sus reportes financieros a tiempo, o los presentan con errores. Actualmente, conviene más no entregar un reporte, porque la consecuencia es dejar de recibir el financiamiento público que hasta el día de hoy es inexistente (se aprobó por ley que a partir del 2017 los partidos reciban dinero público). Si se presenta reporte con errores, la sanción económica no es efectiva porque la ONPE carece de facultades coactivas. Por ello se propuso crear sanciones políticas, como la cancelación de la inscripción del partido político. Otra propuesta interesante fue la ventanilla única de aportantes, que al igual que la de candidatos, proveía de información sobre los aportantes de los partidos.

La labor de control se hace casi imposible por la cantidad de partidos y movimientos regionales en todo el país. Existen 1875 distritos, 196 provincias y 24 regiones. En las elecciones regionales y municipales 2014 participaron 18 partidos políticos, 217 movimientos regionales y 230 organizaciones políticas locales. ¿Qué se puede hacer? Se necesita fortalecer a los partidos políticos existentes para que representen a varias regiones, y no solo a Lima, como sucede hoy. Una de las propuestas es que sea obligatorio que los partidos participen en estas elecciones regionales y municipales en regiones fuera de Lima. Actualmente, la mayor parte de gobernadores regionales pertenece a un movimiento regional o agrupación política local.

Sin embargo, aún persiste la debilidad de los partidos políticos y con ella el poco interés de la ciudadanía en la política. Esto necesita un trabajo constante de educación cívica nacional en donde se resalte la importancia de la democracia y la participación ciudadana. Lamentablemente, de acá al 2018, solo podemos esperar que el Congreso actual discuta de manera oportuna los proyectos que quedaron pendientes. La prioridad debería estar en discutir mayores sanciones y control del financiamiento de las organizaciones políticas; e incrementar los impedimentos de postulación de los candidatos. El objetivo final es que los próximos gobernadores regionales y alcaldes provinciales y municipales respondan a los intereses de la mayoría de las personas a quienes representan.