Los Andes

Los consejeros regionales de minoría presentaron ayer al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una queja en contra del delegado de Consejo Regional de Puno (CRP), Leoncio Mamani Coaquira, y también contra los fiscalizadores que se abstuvieron de suspender al representante de la provincia de San Antonio de Putina, Merce Angel Quispe Masco.

En la queja que formularon, argumentan que los consejeros del Proyecto de la Integración para la Cooperación (PICO), desobedecieron el Auto N. 01, emitido por el JNE el 24 de marzo del 2017, en la que se remitió la documentación enviada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, respecto a la sentencia condenatoria impuesta en segunda instancia a Quispe Masco.

Dicha documentación fue enviada al CRP, con la finalidad de que los miembros de esa instancia del Gobierno Regional de Puno (GRP), evalúen los hechos conforme a lo establecido en el artículo 31 numeral 3 de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales, 27867, lo que fue notificado a los fiscalizadores el 27 de abril pasado.

Posteriormente, el 23 de mayo, el delegado del CRP, Leoncio Mamani, citó a los miembros del CRP para una sesión extraordinaria, la misma se llevó a cabo el 25 de mayo, para tratar exclusivamente la suspensión del consejero de San Antonio de Putina.

También sustentan que el artículo 31, numeral 3, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el cargo del gobernador, vicegobernador y consejero se suspende por sentencia judicial condenatoria, emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de libertad.

Asimismo, indican que los consejeros quejados vienen dilatando el procedimiento de suspensión bajo argumentos carentes de razonabilidad, ocasionando el deterioro de la imagen del CRP y omitiendo sus deberes funcionales como representantes de las provincias.