Los Andes

Los conflictos territoriales en estricto, nos dan información sobre qué actores se relacionan en un espacio territorial concreto. Cuando vemos por ejemplo que la mitad de un territorio comunal ha sido concesionado a una empresa minera o forestal, sabemos que detrás de ello hay un marco normativo, que permite y promueve un tipo de política determinada.

Luis Hallazi

No es ninguna novedad que uno de los principales problemas históricos que tiene nuestro país sea la ocupación desordenada que hemos tenido sobre nuestro territorio. El Estado no ha podido hasta el momento diseñar una organización política y territorial clara que busque enfrentar las diversas problemática que se desprenden como consecuencias de ese desorden. El proceso de descentralización sigue siendo sumamente débil, es más, los últimos cinco años el Ejecutivo ha tenido una política de recentralización de las principales decisiones del Estado, lo que nos lleva a preguntarnos sobre el fracaso de dicho proceso. Si a esto le agregamos una crisis generalizada en las instituciones debido a la corrupción, la situación se agrava.

El desorden territorial puede ser identificado cuando nace un conflicto, ahí podemos ver que esa tensión está presente en aproximadamente el 77% de distritos de todo el país, donde existen conflictos por los límites territoriales o el 89% que tiene la misma problemática a nivel de provincias. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo reporta 177 conflictos a julio de este año, de los cuales 130 son socioambientales (minería, hidrocarburos, energía, agroindustria, forestal) en su gran mayoría significa superposiciones de intereses sobre un mismo espacio territorial.

En el caso de las más de 10 mil comunidades campesinas y nativas que habitan y ocupan más de un tercio de nuestro territorio nacional, se sabe que más del 50% de ellas no tiene definido límites exactos, al no estar georreferenciadas; peor aún, aproximadamente tres mil comunidades no cuentan con título de propiedad y la situación se agrava cuando el 49,6% de comunidades campesinas tienen superposiciones de concesiones mineras en su territorio.

El diagnóstico parece estar claro, es necesario tener una política nacional que tenga por objetivo ordenar el territorio, esto significa para empezar, formalizar los derechos de propiedad y posesión de abajo hacia arriba. Para seguir refiriéndonos a las comunidades, significa entregar títulos de propiedad y registrarlos a las tres mil comunidades que faltan; además actualizar la georreferencación de todas las comunidades; de la misma manera con los pequeños propietarios entregar títulos y georreferenciarlos. Es necesario también esclarecer los derechos de propiedad de las tierras del Estado, a nivel de gobierno local, regional y nacional.

El siguiente punto sería abordar las superposiciones de derechos en un mismo espacio territorial, para eso los procesos de Ordenamiento Territorial en comunidades, gobiernos municipales, regionales; articulados por el gobierno nacional cumplirían una función importante y empezaría a liberar a los territorios de esa alta conflictividad. Sin embargo la política actual del Estado para estos temas es diametralmente distinta. El Viceministerio de Gobernanza Territorial, de reciente creación y adscrita a la PCM, no quiere hablar de conflictos, como si eso los anulara; hasta el momento no sabemos cuál es la política territorial a implementar en dicho Viceministerio.

Los conflictos territoriales en estricto, nos dan información sobre qué actores se relacionan en un espacio territorial concreto. Cuando vemos por ejemplo que la mitad de un territorio comunal ha sido concesionado a una empresa minera o forestal, sabemos que detrás de ello hay un marco normativo, que permite y promueve un tipo de política determinada. Este quizás es el Quit del asunto: cambios en las reglas de juego para “ordenar� el territorio pero bajo reglas del mercado. Estas tensiones en los territorios donde se contraponen diversos intereses se irán manifestando tras 5 años de agresivos cambios para el acceso a tierras y recursos naturales.

Para verificar esos cambios normativos solo tenemos que recordar la ley 30230, la ley 30327, el Decreto Legislativo 1191 y 1210 en el gobierno de expresidente Humala. A un año de gobierno del presidente Kuczynski, llegaron una avalancha de 112 Decretos Legislativos (DL) con cambios en la flexibilización de procedimientos respecto al acceso a la tierra como el DL 1330 ó DL 1333 que crea la institución denominada APIP con procedimientos ad hoc para otorgar títulos en tierras públicas o privadas donde se desarrollaran proyectos de inversión priorizados; decreto que el Congreso de la República acordó su derogatoria, pero que el Ejecutivo se niega a publicarla.

Recientemente el 28 de julio el presidente presentó el proyecto de ley 1718-2017-PE, que toma mucho de las disposiciones inconstitucionales del DL 1333, para insistir en aprobarla rápidamente. La inversión privada y pública es necesaria para nuestro país, pero esta inversión se tiene que hacer en el marco de respeto a los derechos de propiedad de todos los peruanos; el Estado no puede favorecer constantemente a un grupo de inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra y recursos naturales, a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas, de los agricultores familiares y pequeños propietarios, que finalmente significa proteger y respetar los derechos humanos.