El Ministerio Público pierde caso de colusión



Escribe: Cenaida M. Arpasi Gómez | Política - 15 jun 2018


El exalcalde del distrito de Zepita (Chucuito – Juli), Justo Apaza Delgado, fue absuelto de polvo y paja, ante la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, que aparentemente no supo sustentar sus argumentos.

Cabe recordar que al finalizar la gestión de Apaza Delgado, el Ministerio público interpuso una denuncia en contra suya y de Salomón Rolando Pacara Rivera, como presuntos coautores, y Venancio Madariaga Tapia, como cómplice primario, de la comisión del delito contra la administración pública y otros, en la modalidad penal de colusión, en agravio del Estado.

En aquel entonces, el Ministerio Público conformó la comisión revisora de la transferencia de entrega y recepción de la administración municipal del distrito de Zepita, en el periodo 2003 -2006, gestión del entonces alcalde Justo Apaza, habiendo encontrado una serie de irregularidades en la ejecución de 154 obras.

Según la imputación fiscal, Venancio Madariaga Tapia laboró como supervisor de obra y realizó funciones como presidente de la Comisión de Regulación de recepción y liquidación de obras en el municipio, durante el año 2006. En tal sentido, se estableció su condición como funcionario adscrito al municipio distrital.

El Juez del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Judicial de Puno, Víctor Calizaya Coila, refiere en el documento que la acusación fiscal y lo acontecido en la etapa intermedia del proceso, denotó una imputación genérica basada en simples supuestos de hechos.

Además, refiere que la fiscalía, sin mayor sustento, alude montos presupuestarios que no guardan coherencia; lo mismo sucedería en el extremo del pago indebido que se habría realizado en favor de Madariaga Tapia.

Todos estos actuados evidenciaron la débil acusación del Ministerio Público, lo cual hizo que se afecte el principio legal, por no existir imputación concreta, clara y precisa.

Como consecuencia de ello, el juez decidió absolver a los acusados de los cargos imputados en relación al delito contra la administración pública –delito cometido de funcionarios en su modalidad de concusión de forma penal de colusión, en agravio del Estado–.

Además, se dispuso dejar sin efecto las medidas de coerción real y personal en contra de los acusados.


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