Los Andes

- Ordenanza Municipal Nº 258 – 2009, que ha generado controversia fue presentada por regidor de oposición Tirso Vargas. - Alcalde de Puno y un sector de regidores admitieron su error en aprobar la referida norma, pues carecía de sustento técnico.

La histórica plaza de Armas de Puno, se llenó de vehículos de servicio de mototaxis y triciclos, pues la protesta que realizaron ayer los transportistas de las unidades vehiculares motorizadas y no motorizadas fue contundente. Exigieron la derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 258, aprobada en sesión de Concejo Municipal en diciembre del 2009, que les impide el tránsito en la zona céntrica de la Ciudad Lacustre.

Aunque en un inició el burgomaestre puneño, Luís Butrón Castillo, dijo que la referida Ordenanza Municipal no se aplicaba y la protesta tenía carácter político porque se vive en un año electoral, al final retrocedió ante la contundencia de la protesta de los triciclistas y mototaxistas.

Durante la reunión que sostuvo la autoridad edil con los dirigentes, desarrollada en las instalaciones del auditorio de la comuna provincial, que contó con la presencia de los representantes del Ministerio Público, Policía Nacional, Gobernación, Defensoría del Pueblo, entre otros, se retractó y dijo que la ordenanza no se implementa por las observaciones.

“Esta Ordenanza Municipal tiene ciertas falencias técnicas por la falta de la determinación del Instituto Nacional de Cultura acerca de la zona monumental de Puno y el proceso de implementación del Plan Regulador de Rutas que aún no ha sido aprobado”, justificó Butrón Castillo.

Asimismo, el primer regidor de la comuna provincial de Puno, Ricardo Álvarez Gonzáles, admitió que fue un error aprobar la citada norma municipal, en tanto propuso que debe derogarse en una próxima sesión extraordinaria de Concejo Municipal conforme a los procedimientos que establece la Ley.

Luego de un arduo debate, se programó para el lunes 15 de marzo a una sesión, para tratar el tema de la derogación de la norma cuestionada y tomar las medidas correctivas del caso, a fin de realizar un plan de rutas concertado entre autoridades y transportistas de vehículos menores.