Los Andes

Debido a que los jueces son las autoridades máximas en impartir justicia en el sistema judicial, deberían de ser las personas más probas y sin un mínimo de duda en su actuar; sin embargo, en la provincia de Carabaya el juez de Investigación Preparatoria, Cesar Pineda Fernández, no cumpliría esos principios básicos para el ejercicio de tan delicada responsabilidad.

Como se recuerda, uno de los casos que más resaltó en la zona se suscitó en noviembre del 2016, cuando la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) inició una investigación al juez Pineda Fernández, por permitir la liberación del llamado “descuartizador de Macusani�, Florencio Chura, quien habría asesinado de manera cruel a su esposa.

En ese entonces, el caso lo llevaba Ricardo Salinas Málaga, quien estuvo a cargo de la ODECMA Puno. “Hay una queja de los ronderos y se atiende, ya hemos empezado las investigaciones, el caso debe tomar su tiempo prudencial�, manifestaba Salinas Málaga, quien además pidió, en ese entonces, respeto por las indagaciones; sin embargo, a la fecha no se conoce de las sanciones y el magistrado continúa en sus funciones.

Se conoce además que según el expediente número 674-2015, el magistrado Pineda tiene una sanción a una retribución económica del 2% de su remuneración mensual, a raíz de la queja donde se acreditó que el magistrado no se abstuvo en el proceso número 59-2013, pese a tener relación de parentesco en primer grado de afinidad con el abogado del demandado. Este hecho fue considerado como una falta muy grave.

Las diversas quejas han dañado y disminuido su credibilidad como autoridad al momento de impartir justicia. Es por ello que los ciudadanos que nos hicieron llegar esta preocupación, exigen al actual presidente de la Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura en la región Puno, Walter Salvador Gálvez Condori, que considere estos hechos y evalúe su inmediata destitución del cargo.