Los Andes

El gravamen, considerado como la nueva versión del “óbolo� minero, que el Gobierno negoció con las compañías mineras continúa siendo un callejón sin salida. En primer lugar no existe una norma para crear el “gravamen�, como sucedió en el 2006. En segundo lugar las mineras pretenden desconocer a las comunidades campesinas, si eso fuera así la consulta previa quedaría en nada.

Desde ese punto de vista, el “gravamen� o la propina minera de Ollanta Humala, quien durante su gobierno busca recaudar 3 mil millones de soles al año, aún no está garantizada; al menos que en breve plazo se implemente las normativas que regulen el aporte de las mineras.

Al margen de los vacíos legales, el dilema del “gravamen� radica en la forma de distribución de la misma. Sí efectivamente las comunidades campesinas afectadas por las concesiones mineras sean los directos beneficiados, no habría mayor problema, si eso no fuera así el Estado seguirá teniendo serios problemas con la minería.

POLÉMICA
Las cosas cambian cuando el presidente Ejecutivo de la compañía minera Buenaventura Roque Benavides, durante su participación en la Trigésima Convención Minera en Arequipa, desató polémica sobre la consulta previa a las comunidades campesinas, al señalar que han sido hechas en el gobierno de Juan Velazco Alvarado.

“Acá se da por hecho que las comunidades han existido toda la vida, pero las comunidades son hechas en el gobierno de Velasco, no existían las comunidades, no existían�. Precisó el empresario minero, con una clara intención de querer desconocer la legitimidad de las comunidades quechuas y aymaras, en el caso de Puno.

También, se pone en manifiesto las empresas mineras que se llevan millonarias ganancias, no quieren reconocer el derecho de propiedad de las comunidades, con argumentos de que las comunidades campesinas reclaman su derecho recién desde la Reforma Agraria impuesta por el gobierno de Velazco.

Al respecto, la parlamentaria Susana Vilca Achata, señaló que “las comunidades merecen respeto, pero tampoco pueden tener derecho a veto. Eso sería nefasto, principalmente para ellos que son los más pobres�, destacó.

DISCORDIA
Sin embargo, el presidente regional de Arequipa Juan Manuel Guillen, tiene su propia lectura respecto al gravamen minero que aún falta reglamentar, señalando que esta podría detener el avance de los últimos cuatro años.

Y puso como ejemplo, que su región en los últimos cuatro años, se benefició con aporte de 300 millones de dólares de la minera Cerro Verde, con el cual financió proyectos de saneamiento y asfaltado de vías de comunicación.