Friday 19.04.2024 | Actualizado 11:08 (hace 1984 días)
El nuevo diseño del viceministerio de Gobernanza Territorial recluye a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad a una Secretaría, es decir, sin una jerarquía capaz de enfrentar los retos de gestión pública en el contexto actual.
La reciente creación del viceministerio de Gobernanza Territorial a simple vista parece coherente. Se articulan en una sola institución la descentralización, la demarcación territorial, el desarrollo territorial y la gestión de conflictos.
Sin embargo, esta buena idea de articular políticas públicas en torno al eje territorial no es del todo eficiente para la gestión pública de los conflictos sociales. Esta decisión agudiza las dos principales debilidades -el diseño institucional y el enfoque de atención de los conflictos- que tuvieron la antigua Oficina de gestión conflictos Sociales (OGCS 2010-2011) y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (de las inversiones), (ONDS 2011-2017).
Los pocos estudios sobre gestión pública de conflictos (Huamaní, Macassi, Alegría y Rojas, 2011; Acevedo, 2011; Alza, 2012; Defensoría, 2005; Prodiálogo, 2014, Scurrah, Bebbington y Chaparro, 2013; Tanaka, 2010; World Bank, 2005) coinciden que el diseño institucional ha sido un problemas crítico. Todas las recomendaciones apuntan a disponer de una institucionalidad fuerte, con capacidad articuladora, con un respaldo político que se trascienda al actual funcionamiento del el Estado en materia de conflictos: dispersión de la gestión en muchos ministerios; enfoques dispares y contradictorios para abordar los conflictos; competencias superpuestas e intervenciones contrapuestas; escisión entre el nivel Nacional, el regional y el local; y una clamorosa falta de análisis y reflexión sobre los conflictos.
Tal vez la gestión de Vladimiro Huaroc como “alto comisionado” en la ONDS fue la más activa de todas, pero su esfuerzo por arrancar compromisos a los ministerios e involucrarlos en la gestión de los conflictos fue accidentado y generó muchas resistencias y antipatías que derivaron en su destitución, luego de lo cual los siguientes responsables del gobierno de Humala, con un perfil de defensores de las empresas pasaron al olvido, perdiendo la ONDS peso político y capacidad de intervención. Este proceso grafica la dificultad de un diseño institucional con poco peso político.
Sin embargo, contradiciendo los hechos el nuevo diseño del viceministerio de Gobernanza Territorial recluye a la ONDS a una Secretaría, es decir, sin una jerarquía capaz de enfrentar los retos de gestión pública en el contexto actual. Pareciera que quien desarrolló la norma no tiene un diagnóstico mínimo de los problemas actuales de la ONDS.
El nudo central es que la ONDS no es el ente rector de la gestión de conflictos (DS N° 106-2012-PCM), en verdad ninguna institución gubernamental lo es, es más, diversos investigadores y ex jefes de la ONDS coinciden que es necesario desarrollar un sistema de gestión de conflictos, y esta discusión debiera ser el punto de partida del rediseño institucional.
Lo más probable es que a la ONDS le suceda lo mismo que al SENAJU (Secretaría Nacional de la Juventud Nacional de Juventudes) que con el argumento gerencial de optimizar el Estado en el gobierno de García, pasó de tener un asiento en el consejo de ministros y un consejo de representantes juveniles, a ser ubicados en el sótano del organigrama del Ministerio de Educación, condenando a la ley CONAJU al olvido, a las políticas públicas de juventudes al cajón y restringió las oportunidades de miles de jóvenes que ahora son presa del sicariato y el crimen organizado.
El segundo problema crítico es el enfoque que tuvieron las sucesivas oficinas de gestión de conflictos. Al igual que otros organismos del Estado, la organización, la metodología y la actuación priorizó el beneficio de los intereses sector privado en lugar de los intereses de los ciudadanos. Desde su nacimiento su mandato fue garantizar la “sostenibilidad de las inversiones”, con el actual gobierno este enfoque se ha vuelto mucho más descarnado, la consigna es “destrabar” las inversiones lo cual se refleja en la elección de un ex gerente de empresas mineras a cargo del viceministerio.
Si bien la gestión de Vladimiro Huaroc logró administrar varios conflictos, sin embargo aquellos crónicos o más intensos se mantuvieron sin cambios. “Las mesas de desarrollo” -cuya autoría la reclama en MINEM- y que Huaroc implementó en todos los conflictos surgidos durante el gobierno de Humala caía como anillo al dedo para las empresas. Pues el Estado se presentaba en las localidades a ofrecer un paquete de programas e sociales e inversiones en infraestructura, teniendo siempre de por medio las protestas y movilizaciones, con una lógica de transacción, es decir, intercambiar las demandas respecto a impactos ambientales, vulneración de derechos a cambio de este “coctel de inversiones pluriministeriales”. De esa manera los problemas subyacentes del conflicto se rellenaban con promesas de cemento y dádivas, sin resolverlos, ni abordar las causas subyacentes de la conflictividad, y de paso ahorrándoles a las empresas la inversión social.
Las mesas de desarrollo en realidad fueron un fracaso en conflictos donde había “rechazo al diseño del proyecto” como ocurrió en los casos de Tía María y Cañiariaco por citar solo dos. Incluso en el conflicto de las Bambas las comunidades rechazaron la mesa de desarrollo y exigieron la conformación de una mesa de diálogo. Estamos frente a un típico caso de política pública donde los funcionarios quieren adaptar la solución empaquetada (favorable a las empresas) a todos los problemas que se presenten.
De otro lado, la ONDS ha hecho muy poco por detener las prácticas contrarias al diálogo que varios ministerios desarrollan: reglaje y campañas mediáticas de deslegitimación de los opositores, criminalizan la protesta, forzar acuerdos con un fuerte desbalance de poder, restringir la difusión de los informes sobre impactos de la contaminación en la salud o priorizan la represión cruenta de las protestas. En otras palabras, poco se ha hecho por priorizar “ante todo el diálogo”.
Así mismo, la ONDS no pudo generar un debate y reflexión en torno a las políticas públicas de participación en minería, de otorgamiento de concesiones, de contaminación a la salud de las personas, de remediaciones, etc., que necesitan perfeccionarse a fin de evitar el surgimiento recurrente de conflictos, debido a que estas políticas no incorporan estándares sociales y ambientales que a nivel internacional se vienen desarrollando como son “los principios voluntarios”, “las líneas directrices de la OCDE”, “el ISO 26,000”, “los principios rectores de las NNUU”.
Finalmente, a pesar de todas las dificultades, Rolando Luque intentó reenfocar la intervención de la ONDS con un modelo más dialogante y participativo, sin embargo su voceada renuncia a la ONDS sería la natural consecuencia de la decisión que sitúa a la ONDS como una secretaría del viceministerio de gobernanza territorial y con ello también se pierde una oportunidad de generar reales procesos de diálogo.
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