Universidades privadas sin y con fines de lucro


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Escribe: Felipe Supo Condori | Nacional - 01 mar 2015


Según la Dirección de Desarrollo Académico de la ANR (hoy SUNEDU), al año del 2012, existían 36 universidades públicas (31 eran universidades institucionalizadas y 05 estaban con autorización provisional de funcionamiento otorgado por la CONAFU) y 85 universidades privadas, (45 universidades institucionalizadas y 40 universidades de funcionamiento por autorización de CONAFU. De estas universidades institucionalizadas, 28 estaban tipificadas como universidades con fines de lucro y 17 como universidades sin fines de lucro); que en total harían 121 universidades entre públicas (30%) y privadas (70%), sin considerar el listado de espera de solicitudes de creación de universidades en vías de trámite ante la CONAFU y el Congreso de la República.

UNIVERSIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO:
Son aquellas universidades privadas, las Asociativas, llamadas así por ser Asociaciones civiles sin fines de lucro, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), USMP, ESAN, Lima, Pacífico, Cayetano Heredia, Ricardo Palma, Garcilaso de la Vega, entre otras.

UNIVERSIDADES PRIVADAS CON FINES DE LUCRO:
Estas universidades con fines de lucro se rigen por la ley N° 882, y son universidades donde lo que importa, como en cualquier empresa, es la obtención de utilidades (RENTABILIDAD); el espíritu de la Ley 882 era en su momento: “Como objetivo, darle un beneficio tributario para empujar, incentivar y promover esta inversión privada en educación”. Sin embargo, este espíritu se ha desnaturalizado. Las universidades de este tipo son los “consorcios”, como la Universidad “César Vallejo”, la Universidad “Alas Peruanas”, entre otras.

ANÁLISIS SITUACIONAL:
Según Secada, Pablo (2012), estamos a la cola mundial en educación superior e in­vestigación y desarrollo. Anualmente se estafan a mi­les de jóvenes con el cuento del bachillerato de mu­chísimas “universidades”. Mientras tanto, no se reconoce a los graduados por Senati o Tecsup. Al respecto, dijo: Imagínense… lo que, en nuestra de­mocracia sin partidos, viene resultando de un proceso en el que mercas que perciben rentas como si fueran dueños de algunas “universidades” con fines de lucro, algunas públicas que no rinden cuentas o aquellas que reciben parte del ca­non para “investigación”, están muy bien representadas en el Congreso. Un aporte de la teoría económica al debate: se re­quiere la intervención del Estado en educación superior e in­vestigación y desarrollo. Un corolario: la universidad privada con fines de lucro es un sinsentido conceptual”…“…Las privadas con fines de lucro deben, para empezar, pa­gar impuestos. La acreditación a cargo de SINEACE obviamen­te no conduce a nada. El gato no puede estar de despensero. Que las mejores facultades certifiquen los títulos es mucho más serio. Precisar cuáles son estas facultades es simple: bas­ta aplicar la metodología de rankings internacionales como el de Shanghai, en el que no aparece ninguna universidad pe­ruana entre las mejores quinientas del mundo. La mayoría de bachilleratos no estará certificada. Se acabará la estafa. Se irá construyendo una pirámide de las que pueden investigar, las que solo enseñan y dan títulos y las que no. Se deberá for­talecer la UNMSM, UNI y UNALM. Mejorará la calidad. Se requieren reformas adicionales a los incentivos o el financia­miento, de modo que estudien todos los que son admitidos y aprueban en un entorno exigente, con rendición de cuentas, reformas de gobierno corporativo, gestión por resultados y servicio civil, por ejemplo”.

Tan apetitoso parece ser el negocio de las universidades con fines de lucro que incluso el grupo Interbank decidió, en 2012, comprar la mayoría de acciones de una de estas casas de estudio, la Universidad Tecnológica del Perú, fundada por el excongresista fujimorista Roger Amuruz. Años atrás, el portal Corresponsales.pe denunció que Jonathan Golergant, director general de esta universidad, es a su vez miembro del directorio del CONEAU, pese a que ostentar ambos cargos transgrede la ley peruana (el CONEAU pertenece al SINEACE, ente autónomo evaluador de la calidad de la educación universitaria).

Casos como estos, resumen ilegalidad –donde todo queda en familia, y los controladores son los controlados–, parecen ser la regla y no la excepción. En el año 2002, el Ministerio de Educación –atado de pies y manos por carecer de competencias– solicitó al CONEAU la remoción de Jaime Zárate, cargo directivo en la Universidad Privada del Norte y, a la vez, presidente del directorio del CONEAU. En otra misiva dirigida al CONEACES, pidió la destitución de Luis Saldaña, cargo directivo en la Universidad San Martín de Porres y presidente del CONEACES (otro organismo regulador de la educación superior, dependiente del SINEACE); sin embargo, ninguno de estos dos personajes ha sido removido de sus puestos dobles e incompatibles, sino ha sido ilegal, ha sido eminentemente inmoral y antiético.

Otro caso ha sido la Universidad Telesup, propiedad del congresista de Solidaridad Nacional, José Luna –conocido por cobrar voluntariamente y literalmente un sol por su labor en el Poder Legislativo, además de recordado por haber sido acusado en 2002 de recibir 10 mil soles de manos de Montesinos–. Esta casa de estudios fue fundada en 2009 y no aparece en ningún ranking de calidad de educación superior. Tal vez el único trabajo de investigación realizado por esta universidad fue la encuesta que publicó en 2010 dando el segundo puesto en las elecciones presidenciales a Luis Castañeda Lossio (candidato por Solidaridad Nacional).

Sobre este particular, Burga, Manuel (2010) ex rector de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos (UNMSM), refería que el Estado peruano debería apostar por las universidades públicas y las privadas sin fines de lucro, y optar por desaparecer el modelo de la “universidad negocio”. Indicaba que ese modelo de universidad, creado a partir del decreto legislativo 882, respondía a una “visión mercantilista” que no puede darse en la educación, porque lo que está en juego es la formación de personas, y no la venta de mercaderías o productos. En tal sentido, consideraba que las universidades privadas que tienen fines de lucro paguen el impuesto a la renta que le deben a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en la medida que los recursos del Estado no pueden ser utilizados en solventar a una empresa mercantil. “No creo que el país debiera apostar por una educación con fines de lucro. Aquel que invierta en educación es para desarrollar el país; si quiera hacer negocios, que vaya a otros giros comerciales”.

También decía Burga que lo que ha generado este modelo son “barones” del negocio de las universidades, con mucho dinero, y que empiezan a tener mucho poder político (César Acuña, entre otros), y que superponen la rentabilidad de sus negocios a cualquier política educativa seria y favorable para el país. “Es necesaria una nueva Ley Universitaria que desaparezca la universidad negocio, que impulse la universidad pública, y se dé protección a la universidad privada sin fines de lucro, que están siendo agredidas por las universidades empresas” (Agencia Andina: 2013). Para el ex Rector sanmarquino lo preocupante con estas universidades es que han adquirido una gran cobertura, alguna de ellas tienen hasta 58 mil alumnos, el doble que San Marcos, lo que no necesariamente va de la mano con una adecuada calidad educativa.

Por otro lado, la Comisión de Educación del Congreso revelaba que un grupo de universidades privadas con fines de lucro dejaron de pagar al Estado 150 millones de soles de impuesto a la renta, al acogerse indebidamente a beneficios tributarios que caducaron en 1999 (más de US$54 millones); según se explicó, en la década del 90 se concedieron diversos beneficios para incentivar la inversión privada en el sector educativo, pero tales incentivos tuvieron un período de vigencia que culminó; sin embargo, igual estas universidades siguieron acogiéndose de manera irregular. “En su momento, el objetivo que era darle un beneficio tributario para empujar e incentivar esta inversión privada en educación, y ya cumplió su objetivo. Tanto así ha cumplido, que hay universidades que han formado partidos políticos, han comprado clubes deportivos y se han extendido en demasía” (que por cierto no era el espíritu del decreto legislativo 882).

Entonces resulta lamentable que debido a esa situación, algunas universidades prioricen el tema mercantil y soslayen la calidad educativa en perjuicio de la población estudiantil. Es necesario recordar que el no pago del impuesto a la renta tuvo su inicio en 1996 con la promulgación del Decreto Legislativo 882, que promovía la inversión privada en el servicio de educación para la creación de colegios particulares, universidades e institutos; esta norma disponía la supresión del pago del impuesto a la renta, tributo que debe pagar toda actividad económica, con la condición de reinvertir ese monto tributario en la actividad educativa. Sobre ello, el congresista Renán Espinoza, ex presidente de la comisión de educación dijo: “Pero como todo beneficio, de acuerdo al Código Tributario, solo tiene una duración de tres años, y ese beneficio caducó en 1999. Después de ello, a partir del 2000, estas instituciones no han estado pagando el impuesto como ya correspondía pagar, han estado acogiéndose erróneamente a esta misma norma”. También refería Espinoza que en el 2007 se expide el Decreto Legislativo 1087, mediante el cual hace “una interpretación extraña” de una norma que ya había vencido, y luego, el 23 de julio de 2011, sale una ley interpretativa estableciendo que “está bien” que no paguen esos impuestos entre el 2000 y el 2008.“Lo que se pretende es derogar este alargamiento del supuesto beneficio, y la Sunat ya hizo acotaciones a universidades que van por el borde de los 150 millones de soles que dejaron de pagar por impuesto a la renta durante ese tiempo”.

Entonces resulta controversial la existencia de universidades con fines de lucro, que además de no garantizar la formación integral de profesionales de calidad para el mercado ocupacional y el desarrollo sostenido de la sociedad peruana, no cumple con sus obligaciones tributarias ante las instancias del Estado peruano; fondos que debieran servir para ser revertidos en la educación peruana.

Frente a esta realidad del panorama universitario peruano, queda la pelota en la cancha del SUNEDU, en la decisión de sus mayores alcances funcionales y de atribuciones enmarcadas en la nueva ley universitaria, corregir esta realidad agreste y disfuncional en la generación del conocimiento y la formación profesional de las “mentes” del mañana y que estudiar en el sistema universitario privado, sobre todo de la universidad con “fines de lucro”, sea una inversión y no un “gasto”.


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