La historia de la corrupción en el Perú



Escribe: Los Andes | Nacional - 08 Oct 2017


Los medios a través de los cuales la corrupción es provocada son irrelevantes: pagos ilegales, chantaje, extorsión, connivencia, exacción. Es igualmente indiferente el hecho que aquellos que participan en la corrupción se encuentren dentro o fuera de la administración del Estado. Lo que es decisivo para caracterizar la corrupción es la valoración que permite considerar que la actuación o la intervención del Estado no son conformes, ni en el fondo ni en la forma, a las normas establecidas previamente y de acuerdo a las vías regulares.

En la medida en que existe de manera generalizada en todos los niveles del aparato administrativo del Estado, la corrupción no produce necesariamente la descomposición del Estado, situación caracterizada por el desorden y la desorganización.

Para comprender mejor el fenómeno social de la corrupción es oportuno considerar dos tipos de corrupción: de una parte, la corrupción directa y, de otra parte, la corrupción institucionalizada. Se habla de corrupción directa cuando en los comportamientos concretos e individuales, los autores, las víctimas, el objeto y los móviles pueden ser identificados o determinados claramente. Dichos comportamientos están frecuentemente tipificados como delitos o faltas y los responsables deben ser, en principio, objeto de procesos penales.

INICIOS
El primer escándalo de corrupción que vio el Perú libre se produjo poco después de la independencia nacional, cuando el gobierno reconoció como acreedores del Estado, por haber financiado la guerra libertadora, a personas que nunca aportaron nada a esa causa. Los beneficiados se hicieron ricos.

A mediados del siglo XIX, la influencia política, el nepotismo y los favores personales fueron los criterios que usó el gobierno para otorgar en concesión la explotación y exportación del guano de las islas, que fue dilapidado para que se enriquezca solo un grupo privilegiado.

La historia es muy larga, pero mejor veamos los tiempos más recientes. Por ejemplo, en el último gobierno militar (1968-1980) el presupuesto de las fuerzas armadas era un “agujero negro” en el que centenares de millones de soles destinados a la Defensa Nacional eran manejados sin ningún control. No había una Contraloría independiente.

De la misma manera fueron manejados los fondos de más de 160 empresas estatales que, pese a ser deficitarias, gastaban millonarios presupuestos.

Durante la dictadura del general Francisco Morales Bermudez era común ver a militares con un tren de vida fastuoso, que pasaban al retiro convertidos en “empresarios” con fortuna. Para muchos, éste fue el periodo de mayor corrupción de nuestra historia más reciente, solo que no hubo videos.

DESPUÉS DE 1980
El retorno a la democracia, en 1980, generó una gran expectativa en los ciudadanos, pues los candidatos a la presidencia prometieron moralizar el país y esclarecer los escándalos de corrupción de la dictadura.

Sin embargo, esa expectativa se transformó pronto en frustración, ya que el manejo turbio de la cosa pública continuó con los gobiernos civiles, los cuales dejaron en el olvido, e impunes, los actos ilícitos registrados en el régimen militar con los fondos del presupuesto nacional.

El segundo gobierno de Fernando Belaúnde o de la alianza Acción Popular – Partido Popular Cristiano (AP-PPC, 1985-1990) hubo un rosario de escándalos de corrupción, como los casos Guvarte, Mantaro-Pachitea, Volmer, Villa Coca, Cooperación Popular, Aeroperú, el copamiento partidista del Poder Judicial, del Ejecutivo y de las empresas estatales; las presiones a la prensa opositora, etc. Recordar la lista en detalle sería larguísimo.

El primer gobierno aprista tampoco investigó ni esclareció estos casos, pese a que en su campaña electoral Alan García prometió hacerlo. Una vez más se impuso la política de “échale tierra y tápalo”.

La primera administración del Apra más bien repitió y multiplicó el manejo turbio de la cosa pública. Allí están en los casos del dólar MUC, el tren eléctrico, el depósito de las reservas del país en el banco BCCI, la reventa de los aviones Mirage, la cédula viva, el copamiento aprista del Ejecutivo, el manejo turbio de los presupuestos de las empresas públicas, la manipulación del PAIT, el control político partidista del Poder Judicial y el Ministerio Público, etc., etc., etc.

Al finalizar el primer gobierno de Alan García el manejo corrupto atravesaba todo el aparato estatal, todas las instituciones públicas.

FUJIMORI
Es verdad que la corrupción nunca fue tan evidente como en el gobierno de Alberto Fujimori, pero esto no ocurrió tanto por el grado de la corruptela, sino porque esta quedó registrada en imágenes de video que se hicieron públicas.

Ver a Vladimiro Montesinos repartiendo cerros de billetes del fisco es de veras repugnante, doblemente repulsivo porque filmó sus actos para extorsionar. Y ya lo vimos, al final él mismo fue víctima de sus métodos perversos.

Tras la caída de Fujimori hubo un aluvión de denuncias de corrupción, pero los hechos demuestran que ésta se centró en las compras militares y el presupuesto de Inteligencia, con el que se le dio dinero ilegal a dueños de canales de televisión y de diarios, congresistas y políticos. Todo esto manejado por Montesinos y su grupo.

Fujimori asumió su responsabilidad política por tales hechos cuando puso fin a su tercer gobierno y convocó a elecciones anticipadas, tras conocerse el famoso video Kouri – Montesinos, en septiembre del 2000.

En estos últimos años asumió su responsabilidad penal – pidiendo sentencias anticipadas- en los juicios por los $15 millones pagados a Montesinos y por los pagos ilegales a los congresistas tránsfugas y dueños de medios de comunicación.

Muchas denuncias fueron archivadas tras ser investigadas por la justicia de Chile o el Perú, como el supuesto robo de las barras de oro del Banco Central, la compra de tractores y medicamentos chinos “inservibles”, etc.

PANIAGUA Y TOLEDO
Los escándalos de corrupción en los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo están todavía frescos en la memoria ciudadana, pero ninguno ha sido esclarecido por la administración de justicia.

En el de Paniagua hubo un presunto tráfico ilegal de indultos a favor de terroristas presos, se aprobaron normas legales que permitieron excarcelar a miles de terroristas, y se produjo un supuesto saqueo de equipos y archivos del liquidado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), entre otros casos.

En lo que respecta a Toledo, destacan la inscripción del partido Perú Posible con firmas falsas que fueron convalidadas por la red montesinista infiltrada en la ONPE, la resolución que dispuso la compra de 14 helicópteros a una empresa vinculada a su amigo Salomón Lerner Ghitis, o la entrega de una millonaria concesión de telefonía fija a su hermano Pedro.

También los contratos turbios en la Interoceánica Sur, los manejos oscuros con los bonos públicos, la impunidad judicial de las actividades delictivas de sus hermanos y sobrinos, el supuesto tráfico de influencias en Indecopi y el presunto chantaje a Eugenio Bertini para darle el Canal 4 a su amigo Chicho Mohme, la entrega ilegal de 120 mil dólares a Leonor La Rosa, etc.

ODEBRECHT
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), no han sido sentenciados todavía sobre ningún caso, pero sí han sido (y son aún) protagonistas de indagaciones fiscales y congresales.

Toledo, García y Humala han sido muy afectados por escándalos de hechos ocurridos durante sus administraciones, como el Caso Odebrecht. En diciembre pasado, la constructora brasileña reconoció que entregó US$29 millones a funcionarios peruanos para obtener obras entre los años 2005 y 2014.

La fiscalía inició investigaciones preparatorias contra Toledo y Humala por hechos relacionados al caso. De acuerdo a sus indagaciones, ambos ex mandatarios recibieron dinero de Odebrecht. Contra Toledo –actualmente en Estados Unidos– hay dos órdenes de 18 meses de prisión preventiva. En tanto, Humala purga 18 meses de prisión preventiva.

Respecto a García, el Ministerio Público investiga a exfuncionarios de su segundo gobierno acusados de recibir sobornos de la constructora.

De acuerdo a una encuesta de El Comercio-Ipsos publicada en enero pasado, más del 90% de las personas que tenían conocimiento de las coimas de Odebrecht (el 59% de los entrevistados) consideraba que los exmandatarios recibieron dinero de la empresa.

En la encuesta también se incluyó a Fujimori, cuyo gobierno no fue mencionado por Odebrecht como receptor de sobornos, aunque la compañía ejecutó varios proyectos durante su gobierno. El 78% de los que sabían de los sobornos creía que Fujimori recibió dinero de la empresa brasileña.

PROCESOS Y PESQUISAS DE LOS PRESIDENTES VIVOS
OLLANTA HUMALA (2011-2016)
- La fiscalía lo investiga por el caso de los aportes del Partido Nacionalista Peruano en las campañas electorales del 2006 y el 2011.
- El Congreso investiga presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gobierno en concesiones y ejecución de proyectos como la línea 2 del metro de Lima, el gasoducto sur peruano o la refinería de Talara.
- La Comisión de Defensa del Parlamento lo investiga por la compra del Satélite Perú Sat-1.
ALAN GARCÍA (2006-2011/1985-1990)
- El Parlamento anterior indagó su segundo gobierno. La megacomisión elaboró informes sobre nueve casos, entre ellos BTR, narcoindultos, Agua para Todos y colegios emblemáticos. En esos cuatro casos se plantearon denuncias constitucionales (todas fueron archivadas)
- La fiscalía lo investiga por lavado de activos. La pesquisa se basa en un informe de la megacomisión sobre un presunto enriquecimiento ilícito.
- El Congreso 1990-1992 aprobó una acusación constitucional contra él. Luego fue desestimada por la fiscalía y el Poder Judicial.
ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)
- El Poder Judicial le abrió proceso penal por el Caso Ecoteva. Para la fiscalía, existen indicios para acusarlo de lavado de activos.
- Un informe sobre el Caso Ecoteva elaborado por el Congreso anterior recomendó denunciarlo por lavado de activos.
- Hay dos órdenes de 18 meses de prisión preventiva contra él, una por el Caso Ecoteva y el otro por los sobornos de Odebrecht.
ALBERTO FUJIMORI (1990-2000)
- La sentencia más significativa es la de 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.
- También fue condenado por la indemnización de US$15 millones a Vladimiro Montesinos y el allanamiento ilegal a la vivienda de la esposa de su exasesor.
FRANCISCO MORALES BERMÚDEZ (1975-1980)
- Un tribunal de Italia lo condenó a cadena perpetua en un proceso por la desaparición de 23 ciudadanos argentinos de ascendencia italiana, como parte del denominado Plan Cóndor.


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