Los Andes

Una de las más prestigiosas organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, Human Rights Watch, destacó la importancia de reincorporar en el Padrón Electoral del Perú a 23,430 personas con discapacidad mental e intelectual, pues esta medida “contribuirá a asegurar su plena participación en la sociedad�.

Human Rights Watch se refirió así a la decisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), publicada el 11 de octubre en el diario oficial El Peruano, mediante la cual elimina la restricción contenida en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de dichos peruanos, que les impedía ejercer su derecho al voto.

“La presunción de que las personas con discapacidad mental e intelectual carecen de capacidad para votar es errónea e ilícita�, señaló Shantha Rau Barriga, investigadora de la entidad defensora de los derechos humanos. “Los votantes eligen a los candidatos por las más diversas razones. Sería absurdo insinuar que todos los votantes deberían probar su ‘capacidad electoral’ antes emitir el sufragio�, añadió.

RENIEC tramitará la emisión de nuevos DNI para las personas con discapacidad mental e intelectual, en sus hogares y de manera gratuita. Asimismo, les dará la opción de decidir si quieren que su condición de discapacidad mental o intelectual aparezca en su documento de identidad.

El Defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, felicitó al RENIEC por la decisión adoptada y exhortó a la administración pública a adecuar sus procedimientos, de manera tal que se respeten los derechos de las personas con discapacidad.

Como se conoce, el 14 de octubre el RENIEC entregó un nuevo DNI a María Alejandra Villanueva, una joven con síndrome de Down que planteó ante la Organización de Naciones Unidas que se respete el derecho al sufragio de las personas con discapacidad mental e intelectual.

RENIEC ha propuesto la conformación de una Mesa de Trabajo –en la que participaría el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)- con el fin de encontrar soluciones administrativas a las cargas que pueda generar, a las personas con discapacidad mental e intelectual, su eventual imposibilidad del ejercer el sufragio.