Los Andes

En opinión del Decano del Consejo Departamental del Colegio de Abogados de Puno, Fredy Vilca Monteagudo, entre 8 y 15 años podría ser la pena que se les imponga a los fiscales acusados de recibir una coima de 50 mil dólares, pues el ser funcionarios públicos es un agravante.

“Es una sanción severísima de 8 a 15 años; el artículo 395 del Código Penal contempla una agravante por la condición de magistrados. La corrupción de los jueces y fiscales está castigada severamente, pedimos que el Poder Judicial aplique la máxima sanción�, expresó.

Sostuvo que el Poder Judicial debe mandar un mensaje claro a la población, de que estos actos de corrupción no pueden suceder, añadiendo que ello se evidenciará en la audiencia de prisión preventiva que afrontarán los magistrados, por el delito de cohecho pasivo propio.

También sostuvo que las autoridades encargadas de perseguir el delito deben cumplir el rol constitucional que se les ha asignado, y no pueden ponerse al margen de la ley, por ello comparó el delito como el narcotráfico y la criminalidad organizada.

En otro instante, Vilca Monteagudo refirió que el Colegio de Abogados abrirá un proceso disciplinario, ya que según el Código de Ética, esto debería acabar en una expulsión, lo cual se aplicará en un plazo responsable; previamente debe encontrarse responsabilidad, puntualizó.

Además, dijo que producto de los últimos referéndums realizados por el gremio, pedirán el cambio de algunos malos magistrados provisionales, cuestionados por su actuación, por ello pidió que la Fiscalía de la Nación y el CNM tomen acciones concretas.