El impacto de las industrias extractivas es agresivo a nivel económico, social, ambiental y cultural en las zonas de influencia directa e indirecta donde se desarrollan estas actividades. Los conflictos han dejado muertes, heridos, criminalización de la protesta, hostigamiento, violencia física y sexual hacia las mujeres. Aunque no hay registros oficiales sobre la violencia de género en conflictos sociales, de acuerdo al libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales de Rocío Silva Santisteban: desde el 2003 hasta noviembre de 2017, 102 mujeres fueron criminalizadas, y el 10% del total de muertes en conflictos corresponde a mujeres.
Magali Zevallos
El Perú lleva más de dos décadas sosteniendo su economía en base a la actividad minera, detrás de esta economía basada en la exportación de materias primas hay muchas historias: perdidas de vida, personas que se han quedado con alguna discapacidad a causa de los conflictos, defensores ambientales denunciados y estigmatizados por parte de los representante del Estado, los medios de comunicación, las empresas mineras y las fuerzas del orden; mujeres violentadas y agredidas sexualmente (…). La intolerancia hacia los defensores ambientales ha llegado al punto de que hasta un presidente de la República les calificó de “perros del hortelano”.
Además diversas acciones han desnudado el desprecio de los miembros de la Policía Nacional hacia los manifestantes en pleno conflicto. Una mujer le pregunta a un policía en el conflicto Conga (Cajamarca): “¿por qué nos tratan así?”, el policía responde: “porque son perros concha tu mare”. En Juliaca (Puno) los gritos de otro miembro de la policía en una manifestación grita a todo pulmón: “mata a esa chola, la de la huaraca, mátala, mátala”.
El caso más llamativo en el Perú de agresiones sexuales contra defensoras ambientales se ha dado en el conflicto Majaz. Es el primer caso donde la empresa minera británica Rio Blanco Copper S.A., tuvo que indemnizar a 32 campesinos que fueron torturados el año 2005 dentro de su sede, ubicado en la sierra de Piura. La demanda fue presentada por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) ante las Altas Cortes Británicas contra Monterrico Metals Plc, debido a que participaron en los hechos funcionarios y trabajadores de la minera y de la empresa de seguridad Forza, que prestaba servicios a la mina. “En este caso, dos mujeres fueron violentadas sexualmente, incluso se les despojó de su ropa interior que luego fue colgada en unos palos como si fueran unas banderas, como si se tratase de un trofeo que habían recaudado estos individuos después de haber violentado sexualmente a las mujeres”, señala Rocío Silva Santisteban.
Entre los años 2011 y 2012, cinco personas fueron asesinadas y 154 personas resultaron heridas alrededor del proyecto Conga de la minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica, ubicado en Cajamarca, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todas estas muertes y agresiones fueron por parte de la policía y las fuerzas armadas. Adelaida Amelia Tabaco, es una de las víctimas del conflicto en Celendín, su marido Paulino Leonterio regresó de Lima un 2 de julio de 2012, al día siguiente fue a visitar a su hermana, cuando retornaba a su casa al pasar por una calle cercana a la Plaza de Armas, un impacto de bala le causó la muerte. Adelaida hasta el día de hoy no ha encontrado justicia tras la muerte de Paulino, desde hace seis años ella tuvo que asumir la crianza y educación de sus dos hijos.
“Las mujeres no solo son denunciadas y perseguidas, sino también son estigmatizadas con una suerte de campañas mediáticas, se le ataca por el liderazgo que tienen, además por su condición de mujer, se les cuestiona permanentemente moralmente”, comenta la abogada Mirtha Vásquez, quien estuvo a cargo de la defensa de luchadores ambientales en Cajamarca. Añade que en los últimos años se ha incrementado en un 30% las denuncias contra las mujeres lideresas.
Emperatriz Bolaños, lideresa ambiental en Celendín, recientemente ha sufrido una detención arbitraria en el distrito de Sorocucho por parte de la Policía. Bolaños participa activamente en manifestaciones contra la explotación del proyecto Conga, en ese contexto ha sufrido una serie de amenazas y difamación. “Mataron a mis perros a las 11 de la noche, la policía constata de que mis perros estaban muriendo, después de 10 días dejaron una bolsa con una bala dentro con un frase que decía: “la bala cuesta un sol, ya matamos a tus perros, ahora siguen tus hijos y tú”, denuncia.
Otra luchadora social que ha criticado abiertamente el proyecto Conga es Sara Guerra, ella perdió su trabajo como coordinadora del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en el año 2012, desde entonces le ha sido difícil conseguir trabajo. “En cada uno de nosotros nace esas ganas de defender su territorio por la importancia que tiene eso para ti. Si nosotros permitimos que este territorio sea dañado: no vamos a poder sembrar ni cosechar, no vamos a poder tener agua de calidad, además, seriamos desplazados ¿sin territorio que podemos hacer? si nosotros perdemos las lagunas, desaparecerán también los ríos, para mi esa es la gran importancia de defender y preservar la vida, la mía y de mis generaciones”.
Expropiación de tierras
Uno de los casos más expuestos a nivel público es el de Máxima Acuña de Chaupe, quien fue absuelta por la Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca de los cargos de usurpación interpuesta por Yanacocha, la mina pretendió expropiarle sus tierras donde se encuentra la laguna Azul. Su defensa férrea le hizo merecedora de uno de los galardones más importantes a nivel ambiental, el premio Goldman Environmental Prize 2016. Sin embargo este hecho no es un caso aislado en cuanto a expropiación o pérdidas de tierras en zonas mineras.
En abril de este año, 40 miembros de la PNP y funcionarios de la empresa suiza Glencore -una de las minas más grandes de cobre a nivel mundial- se presentaron con maquinarias en la comunidad de Alto Huarca en Espinar, Cusco, Rocío Coaquera, María Coaquira y Eufrosina Umasi fueron insultadas, golpeadas, jaloneadas por defender su territorio de los miembros de la policía y de la seguridad de la mina. “El problema es que estamos prácticamente financiando estos abusos, la policía está trabajando para las empresas mineras, y estamos hablando de cuerpos de elite de la Policía Nacional que han sido entrenados de una manera especial y esos cuerpos de elite son los que están trabajando de protectores y defensores de las empresas mineras”, remarca Silva Santisteban. Así, la policía en vez de dar seguridad a las poblaciones termina siendo uno de los agresores más recurrentes en los conflictos sociales.
No hay información oficial sobre violencia de género
La agresión más común hacía las mujeres en los conflictos sociales ha sido la violencia física y sexual, además de otros tipos de violencia que se dan en ese contexto, como el machismo, el racismo, la estigmatización, descalificación y hostilización, sin embargo, no hay cifras ni estadísticas oficiales de parte del Estado. Para Jessenia Casani, socióloga de Demus, los casos que se han podido recoger, las situaciones de violencias que se han podido conocer han sido básicamente desde la voz de las mujeres defensoras. “El Estado peruano es responsable de proveer, de dotar de esta información, de investigar, de tener una estadística de lo que implica esta violencia de género en conflictos eco territoriales para que podamos tener políticas, servicios, programas adecuados para atender, proteger y hacer justicia a estas mujeres”, dice.
Casani añade que, la Ley Nro. 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar) y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, son normativa y política pública que reconocen la violencia de género en conflictos ecoterritoriales, y que establecen además responsabilidad del Estado de generar información y data sobre esta violencia, para que a partir de ello se pueda actuar de una manera oportuna.
Colofón
Un tema que se observa cotidianamente en las zonas extractivas es el alto consumo de alcohol, se abren bares y prostíbulos para los trabajadores mineros y los trabajadores tercerizados que forman parte de la dinámica del movimiento minero. Las fiestas tradicionales de las zonas tienen el auspicio de las propias empresas mineras, donde las cajas de cervezas vienen en abundancia como parte de las relaciones públicas entre empresa y comunidades. Se trasgrede así las dinámicas comunales, se corrompe autoridades comunitarias y se exacerba la violencia de género que afecta a mujeres y niñas en esos escenarios de control, corrupción y autoritarismo. Los cuerpos son sometidos a diversas formas de violencia sexual, entre ellos la trata con fines de explotación sexual. Esta problemática tampoco figura en las estadísticas de violencia de género en zonas extractivas.
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