La corrupción que Vizcarra no combate

Mirtha Vasquez

El 2018 y el inicio del 2019, han estado marcados por una elevada adrenalina y entusiasmo ciudadano que ha surgido gracias a la lucha anticorrupción en la que el país entero está empeñado y que nos genera como nunca antes, no solo un espíritu de compromiso conjunto, sino una esperanza real de al menos llegar a sancionar a los llamados “peces gordos” del corroído sistema de justicia que ha regido por años.

Sí, esta lucha es muy importante y en ella no hay que cejar, no obstante en medio de esta efervescencia justificada y legítima, corremos el riesgo de perder de vista otros aspectos, otros procesos, que son necesarios para complementar esta lucha.

¿Cuánto importa la situación de los más pobres de este país? ¿En algo ha cambiado con este nuevo y renovador gobierno? Las poblaciones de Quillo-Ancash, la gente de Hualgayoc- Cajamarca, de la Oroya, Simón Bolivar, los pueblos Kichwa, Quechua, Achuar y Kukama de Loreto, la población del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, contaminada y afectada en su salud debido a las actividades extractivas, que están muriendo poco a poco ¿Han encontrado eco en sus reclamos básicos por atención médica?

En el 2018 mientras los peruanos nos comprometíamos en un fuerte activismo contra la corrupción judicial, las comunidades indígenas -campesinas o rurales- afectadas por las empresas mineras, no han sido atendidas para solucionar sus reclamos frente a las afectaciones que vienen sufriendo  

En Navidad, mientras todos concentrábamos nuestra preocupación en la permanencia de los fiscales claves en la lucha anticorrupción, el gobierno emitió, el mismo 24 de diciembre, el D.S 128-2018-PCM, mediante el cual, una vez más prorrogaba el Estado de Emergencia en varias provincias y distritos del sur andino, decretando para ellos suspensión del ejercicio de varios derechos constitucionales. Allí no hay un desastre, no hay convulsión social, pero estas poblaciones hace más de un año tienen que soportar estos estados de excepción que militarizan sus zonas y limitan sus libertades, solo para garantizar el paso libre de las empresas mineras que operan en este corredor. Sí, porque en este país continuamos con la política de priorizar la inversión privada aunque implique sacrificar el derecho de los ciudadanos.

Y mientras seguíamos con ese espíritu de lucha, el 28 de diciembre se promulgó la Ley 30899, que estableció la prorroga de la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias hasta el 2019, a grandes transnacionales como mineras y petroleras. Sí, aquellas que están constantemente contaminando y afectando a las poblaciones. Sí, aquellas que incumplen con pagar sus multas ambientales y desatienden a la población que han dañado, estaban -una vez más- siendo beneficiadas económicamente en perjuicio de este precario Estado.

Y eso no es todo. Al terminar el año, el 31 de diciembre en el diario oficial se publicaba la aprobación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, Decreto Supremo No 345-2018-EFP, dentro del cual se aborda el régimen laboral, estableciendo como una de las metas,  maximizar la productividad generando en las empresas un entorno favorable y competitivo. Otra vez, prima el enfoque pro empresa muchas veces antagónico a los derechos ciudadanos.

Empezamos el 2019 y parece que nuestro entusiasmo y activismo por la lucha anticorrupción esta garantizado, y con ello nuestro compromiso con el actual gobierno, la pregunta que me hago es ¿A nombre del mismo vamos a ignorar las condiciones y situaciones de los peruanos más vulnerables?

Las políticas que se generan ex profesamente para favorecer a las grandes inversiones privadas y que minimizan los derechos ciudadanos también son una forma de corrupción. Frente a ello también debemos cuestionar, denunciar, romper silencios, no hacerlo nos vuelve cómplices. Exijamos que el espíritu de reforma se extienda a estos temas, de lo contrario la lucha frontal contra la corrupción no será real. Recordemos además que uno de los actores responsables de la corrupción que hoy denunciamos, ha sido el poder empresarial privado, ese que este gobierno sigue beneficiando. Y no olvidemos nunca que no hay corrupto sin corruptor.