Pedro Quispe Quisocala, secretario general del SUTE en la provincia de San Román, cuestionó la decisión de la Segunda Sala Nacional Penal de Apelaciones de separar al juez Richard Concepción Carhuancho del caso de lavado de activos en el que está involucrada la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Sostuvo que esto es parte de la política del Poder Judicial, que quiere que los actos de corrupción no se investiguen, como el caso de los aportes por cocteles y otros, poniendo en riesgo las indagaciones avanzadas.
En ese sentido, esperó que la Sala Suprema reconsidere la decisión; en tanto, agregó que los partidos políticos Fuerza Popular y Apra estarían detrás de esta separación, ejerciendo presión. Igualmente, señaló que el SUTE estará atento a cualquier desenlace.
Por su parte, Pedro Condori Aquino, directivo del barrio San José, mencionó que este problema de la corrupción viene de la capital de la República, dando un mal ejemplo a las demás regiones del país.
A su vez, Róger Caira Mamani, vecino del mismo sector, dijo que el juez Concepción Carhuancho debería seguir con las investigaciones, y que el pueblo peruano está obligado a salir a las calles nuevamente, tal como lo hizo por el caso del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos.
Pese a ello, se notó cierta división en la población calcetera; mientras unos afirman que todas maneras debía salir el juez Concepción, otros piden que siga en el caso, a fin de contrarrestar los actos de corrupción que se dan en nuestro país. En Lima, por otra parte, se movilizaron contra esta arremetida a la justicia nacional.
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