Sectores como Salud, Educación, Trabajo, Interior, Justicia, Inclusión Social, Cultura, entre otros, han hecho muy poco -o casi nada- para transversalizar el enfoque de género en sus intervenciones y, sobre todo, para combatir la alta tolerancia institucional frente a la violencia contra la mujer que prevalece en sus servicios.
Susana Chávez
Apenas ha iniciado el año 2019 y siete mujeres ya han sido cruelmente asesinadas por sus parejas, hombres en quienes en algún momento confiaron y que decidieron acabar con sus vidas. Durante el 2018, el MIMP registró 149 feminicidios y hasta noviembre del año pasado, 280 mujeres sobrevivieron a estos ataques y quedaron con graves lesiones y, sobre todo, con altas probabilidades de volver a ser agredidas.
Nadie puede negar que en el Perú se ha avanzado en términos normativos. Como lo señala el Informe Defensorial N° 179, desde la aprobación en 1993 de la primera ley sobre violencia familiar (Ley N° 26260) hasta la Ley N° 30364 del año 2015, que reconoce explícitamente la violencia contra la mujer, de acuerdo con lo establecido en la Convención de Belém do Pará, se notan progresos.
Sin embargo, ni la violencia contra las mujeres se ha reducido ni los servicios de atención a las víctimas han mejorado. Si bien cada día hay más Centros de Emergencia Mujer, estos establecimientos carecen del personal suficiente y no son identificados por las víctimas como su primera referencia ante una situación de violencia.
La ministra Mendieta tiene razón al señalar que la violencia contra las mujeres no es un problema de un solo sector. Pero esa afirmación no libra de responsabilidades al gobierno actual ni a los que lo antecedieron con un trabajo poco eficiente, que da cuenta de su escaso interés por cumplir con compromisos internacionales y con obligaciones nacionales, por lo que nuestras leyes son marginales e inconexas.
Sectores como Salud, Educación, Trabajo, Interior, Justicia, Inclusión Social, Cultura, entre otros, han hecho muy poco -o casi nada- para transversalizar el enfoque de género en sus intervenciones y, sobre todo, para combatir la alta tolerancia institucional frente a la violencia contra la mujer que prevalece en sus servicios. Por ejemplo, no se exige que las/los funcionarios/as y las/los servidoras/es tengan competencias en enfoque de género.
La muerte de una mujer en manos de su pareja no puede seguir viéndose solo como un asunto entre un agresor y una víctima. Este crimen es el fracaso de la política pública y de la cadena de vulneración de los derechos de la mujer, que han ido marcando el camino hasta su muerte. Es el fracaso de la política educativa, que no ha protegido a la educación pública y que obliga a que más del 50% de estudiantes migren hacia la educación privada. Que no ha logrado hacer de la escuela un espacio que permita la transformación de relaciones entre hombres y mujeres, libre de estereotipos de género. Que no ha evitado que las adolescentes embarazadas abandonen la escuela, hito crucial de la desigualdad de las mujeres.
Es responsable el Ministerio de Salud, cuando los servicios de salud no realizan la detección oportuna de la violencia contra las mujeres. Cuando permite que algunos profesionales de la salud impongan su desinformación y sus mitos en la consejería y dificulten el acceso a métodos anticonceptivos, lo que limita la autonomía física de las mujeres. Nadie puede decidir por ellas cuántos hijos quiere tener ni imponer un embarazo no deseado, un aborto inseguro o un hijo no deseado, situaciones que incrementan su dependencia y precariedad.
También son responsables los municipios, cuyos alcaldes podrían convocar a instituciones y organizaciones sociales para el desarrollo del Plan de Erradicación de Violencia en Contra de la Mujer. Como administradores de la ciudad, deberían conocer mejor que nadie su realidad. Los municipios podrían mapear las zonas de riesgo para las mujeres, habilitar a serenos -y en particular, a serenas- para que protejan a niños, niñas, adolescentes y mujeres, de tal modo que los espacios públicos sean realmente lugares seguros.
El Ministerio de Economía también tiene responsabilidad, ya que desde hace varias décadas decide la política pública de todos los sectores y en vez de favorecer los aspectos preventivos que ayudarían a erradicar este problema, se han encerrado en su confort, debido más a su falta de comprensión que a la falta de evidencias.
Por lo tanto, es cierto que la
responsabilidad no es de uno, pero tampoco, -por lo menos en lo que se tiene
que hacer hoy-, es de todos. En este momento, es del gobierno y en ello, no hay
tiempo para la espera.
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