Alicia del Águila
La reforma del sistema de justicia está en un momento clave. En estos días que vemos cómo los feminicidios se suceden uno a uno (y ya van 8 en estos primeros días del año), se discutirá una propuesta de mayor equilibrio de mujeres y hombres en la Junta Nacional de Justicia. Una propuesta que permitiría acceder a más mujeres en este organismo clave para seleccionar y evaluar operadores de justicia.
Surge entonces la pregunta: ¿Acaso es importante tener una propuesta paritaria para la mejora de la justicia, especialmente para las mujeres? Como se ha visto en varios casos de juzgamiento de violencia de género, hace falta muchas veces una mayor empatía hacia las víctimas. Ponerse en los zapatos del otro, de esas otras, no ha sido precisamente la regla de una legislación pensada y redactada por hombres.
Un ejemplo elocuente, lo ocurrido en España donde, a raíz del caso de “La Manada”, de violación múltiple en los San Fermines del 2016, los acusados terminaron siendo liberados. El sistema de justicia y la sociedad descubrieron, con indignación, que la decisión se ajustaba a ley (aunque pudo haberse interpretado de otra manera).
Ante la indignación generada por este caso, expresada en la movilización de miles de mujeres en varias ciudades de España, se decidió convocar a una Comisión que inicialmente estuvo integrada sólo por hombres. Algo esperable, dado que son hombres -la mayoría seniors- quienes ocupan los puestos claves del sistema de justicia. ¿Otra vez sólo los hombres iban a decidir sobre un tema que tenía sobre todo a las mujeres como víctimas? A esas alturas quedaba claro que parte del problema es que las normas para castigar carecían de la perspectiva de las potenciales víctimas. De este modo, se recompuso la Comisión, la cual terminó siendo paritaria (12 mujeres y 13 hombres). A fines del año pasado emitieron sus recomendaciones que apuntan, entre otros elementos, a eliminar el término “abuso”, recuperando el de “violación”. Además, revisaron el concepto clave de consentimiento. En suma, este ejemplo muestra cuán importante es la revisión paritaria de las leyes.
La paridad, además, permitiría recobrar legitimidad al sistema de justicia, en momentos en los que su descrédito es altísimo, tanto por los casos de corrupción y tráfico de influencias como por la emergencia nacional por la violencia de género, Asimismo, hay otra razón importante: la sub representación de mujeres en cargos del servicio civil no se justifica por la simple aplicación de meritocracia, sino que tiene que ver con situaciones de discriminación -en diferentes momentos del desempeño labora-, y/o con las condiciones de desigualdad de género (por ejemplo, más obligaciones en la esfera privada). Según datos de Servir, el promedio de mujeres del servicio civil con formación universitaria es mayor que la de los varones (48% frente a 37%). Sin embargo, apenas 3 de cada 10 directivos son mujeres. En el Poder Judicial, según datos de la Comisión de Justicia de Género, se presenta la misma situación: a más alta la instancia de justicia, menor presencia de mujeres. Así, entre jueces supremos, las mujeres sólo representan el 22% y en el último Consejo Nacional de la Magistratura sólo hubo 1 mujer de 7 miembros (14%). Aplicar el mecanismo de paridad ayudaría también a revertir esa situación de desigualdad.
La meritocracia es, ciertamente, un principio fundamental. Los mecanismos afirmativos no están reñidos con ello, sino que se armonizan por una razón superior: el bien común. Diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Perú así lo establecen. Es el caso de CEDAW, con rango de tratado, ratificado por nuestro país.
El debate definitivo en el Pleno del Congreso tendrá lugar en estos días. Esperemos que se apruebe el dictamen de la Comisión de Justicia y DD.HH. y podamos contar con una Junta Nacional de Justicia fortalecida en su legitimidad y con los instrumentos necesarios para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
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