Después de un año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le dio la razón a la regidora Mabel Maritza Valencia Ortiz, de la Municipalidad Provincial de Azángaro, quien el año pasado fue sancionada por el Concejo Municipal por denunciar que era víctima de acoso político dentro de la comuna. Pese a ya haber cumplido la sanción, la exautoridad indicó que denunciará al exalcalde y sus regidores.
Maritza Valencia Ortiz, en el 2018, por decisión del Concejo Municipal, fue suspendida por 30 días; sin embargo, la regidora presentó una apelación al JNE, por considerar esta medida como abusiva.
“Yo sufrí acoso político en la Municipalidad Provincial de Azángaro, cuyos funcionarios me expulsaron injustamente y me suspendieron por 30 días, impidiendo que pueda ejercer mi labor de fiscalización”, expresó.
JUSTICIA TARDÍA
Después de un año, la exregidora fue notificada por el JNE, que declaró fundada la apelación por la sanción injusta del Concejo Municipal. “En el primer artículo de esta resolución se ordena declarar nulos todos los actuados que comprenden a este caso, como el de la suspensión. También indica que tiene que ir de oficio al despacho de la Junta de Fiscales Superiores de Puno”, agregó Valencia Ortiz.
DENUNCIAS
Respecto a las acciones legales a emprenderse, precisó que como respuesta a las difamaciones y agresiones psicológicas a las que fue sometida, ella procederá a denunciar penalmente al exalcalde y a sus regidores.
“Yo pido justicia porque no se me dejaba realizar mi trabajo de fiscalización (…), he sufrido de acoso político, me han difamado en las redes sociales, en los medios de comunicación y hasta por el mismo canal del municipio. Al respecto, estoy presentando mi denuncia a las autoridades del municipio, incluido a los funcionarios”, agregó.
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