La fiscal de Prevención del Delito de la provincia de San Román, Marifé Añasco Yáñez, informó sobre la apertura de una carpeta fiscal por los delitos de omisión de deberes funcionales y abuso de autoridad, por el proceso irregular de adjudicación de plazas de contrato docente.
Sostuvo que los imputados son el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de San Román, el jefe del Órgano de Control Interno (OCI) y los integrantes de la comisión que lleva adelante el proceso de contrato docente.
Sustentó que hubo una mala interpretación de la normativa del Ministerio de Educación (Resolución Ministerial 519) concerniente a la certificación de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que significa el manejo de los idiomas originarios quechua y aymara.
En ese sentido, dijo que hubo exhortaciones a fin de que no se cometan los delitos, pues existen tres tipos de contratos: para fortalecimiento cultural y lingüístico, revitalización cultural y el ámbito urbano.
Agregó que por el primer tipo, que son instituciones ubicadas en las comunidades campesinas, debe contratarse hasta un 100% de docentes con dominio del idioma originario, en tanto que el segundo, que son de periferia, un 75%; y un tercio del total de docentes en determinado centro educativo en el nivel urbano.
En la parte final, señaló que la pasada semana se inició la adjudicación en las instituciones del nivel inicial, donde no se han basado en los porcentajes, exigiéndose a los docentes el dominio de los idiomas, vulnerándose la norma.
Comentario sobre post