El terremoto y la crisis política que vivimos como país son resultado de las reformas a medio hacer que no han atacado las causas reales de nuestros problemas. Sin embargo, la Comisión creada para la Reforma Política muestra atisbos de diferencia, una diferencia positiva.
Marisol Cuéllar Morales
Manto lleno de parches
Si el Perú fuera un manto, sería uno rojiblanco lleno de hoyos que han sido descuidadamente tapados. Aplica para casi todo y los múltiples ensayos fallidos de Reforma Electoral no son ajenos a ello. A nuestro manto se le han colocado muchos parches con la esperanza de que funcione mejor, sin reconocer que no se han logrado los resultados esperados y, por el contrario, seguimos pasando frío.
Evidencias de la problemática
Los últimos resultados del Latinobarómetro[1] muestran que en nuestro país, el apoyo a la democracia se encuentra en un 43%, el índice más bajo desde el año 2005, mientras que la confianza en el Parlamento asoma un débil 7%, porcentaje similar a la confianza en los Partidos Políticos. Es decir que menos de la mitad de la población peruana apoya la democracia como sistema de gobierno y solo 7 de 100 peruanos confían en el Parlamento y en los partidos políticos. Nuestras instituciones, que son esencialmente elementos democráticos, están severamente desacreditadas.
Principales demandas
Mientras llega el día en que la “Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política[2]” entregue sus propuestas, podemos repasar cuáles han sido las principales demandas a incluir en la Reforma Electoral que han sido señaladas por los organismos electorales.
Código Electoral Integral
El panorama electoral actual presenta una excesiva normativa que se encuentra dispersa y desactualizada, además de presentar incoherencias y vacíos legales que perjudican a las organizaciones políticas, al sistema electoral y a la ciudadanía. El Código Electoral Integral debería tener un carácter sistemático y actualizado, y coadyuvaría a un mejor desarrollo de elecciones transparentes y democráticas.
Eliminación del voto preferencial
La presencia del voto preferencial en nuestro sistema electoral es una fuente pujante de la debilidad en el sistema de partidos ya que fomenta la competencia fratricida, que no solo se lleva a cabo entre partidos políticos en contienda, sino también al interior de cada organización política. Los candidatos se ven obligados a realizar costosas campañas que sean capaces de configurarlos como merecedores del voto preferencial de la población.
Además, los partidos ven disminuida su responsabilidad política por la presentación de listas integradas por ciudadanos no aptos para la función pública ya que la ciudadanía haciendo uso del voto preferencial puede modificarlas.
Las posiciones en la lista de candidatos están alejadas de responder a la legitimidad de la militancia, méritos, preparación profesional o trayectoria partidaria, y están directamente relacionadas a los aportes económicos que los candidatos efectúan a la campaña, “mientras más dinero, mejor número y más posibilidad de salir electo”.
Participación de organismos electorales en procesos de democracia interna
Si lo que se busca es democratizar a los partidos políticos, debemos acompañar la eliminación del voto preferencial con el fortalecimiento de la democracia interna, es un paquete dual que no puede ser separado ya que de aprobar solo una medida podríamos causar más hoyos de los que corregiremos con la implementación de la otra.
Asimismo, el objetivo solo se logrará si las autoridades electorales (Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electoral y Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) son las encargadas de convocar, conducir y supervisar las elecciones internas de todos los partidos políticos, a efectos de que éstas dejen de ser meros rituales protocolares en los que no existe auténtica competencia democrática y se asegure que la elección de candidatos sea realizada con idoneidad, solvencia moral y con visión de responsabilidad social. Recordemos que no existe democracia sin partidos.
Regulación de financiamiento de organizaciones políticas
El escándalo Odebrecht nos recuerda cada día la importancia de reformar de modo apremiante el financiamiento de las organizaciones políticas.
Entre los avances sin duda se encuentra la modificación constitucional aprobada mediante referéndum[3], ya que ahora el ocultar aportes económicos de empresas a las campañas de los partidos constituye un delito. Es una modificación significativa recordemos que antes de la reforma, la sanción consistía en una multa que era un saludo a la bandera; sin embargo, aún queda pendiente fiscalizar el curso de la reforma en materia de financiamiento.
Para cerrar
El terremoto y la crisis política que vivimos como país son resultado de las reformas a medio hacer que no han atacado las causas reales de nuestros problemas. La Comisión creada para la Reforma Política muestra atisbos de diferencia, una diferencia positiva. Confiamos en que dichos aportes serán debatidos y posteriormente implementados por el bien del país y nuestra democracia.
NOTAS
[1] Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. Para el artículo se usó el correspondiente al 2018.
[2] Comisión creada mediante Resolución Suprema N°228-2018-PCM, nombra a Fernando Tuesta como presidente de la Comisión, integrada por Paula Muñoz Chirinos, Milagros Campos Ramos, Jessica Violeta Bensa Morales y Ricardo Martin Tanaka Dongo.
[3] Referéndum convocado mediante Decreto Supremo Nº 101-2018-PCM, realizado el 8 de diciembre.
Comentario sobre post