Se han puesto en agenda las relaciones entre regiones vecinas, y esto ha despertado reacciones de todo tipo, pero donde se ocultan los verdaderos intereses personales y de clanes de poder que siempre tratar de controlar y conducir los espacios de decisión de los diferentes niveles de gobierno. Esta situación viene distrayendo a nuestras autoridades nacionales, regionales y locales, a la vez que es aprovechada por algunos líderes locales que buscan capitalizar adeptos en esta parte del territorio ancestral hoy denominado el Perú.
Hay una premisa importante que hay que comprender y asumir, las fundaciones o creaciones geográficas departamentales, provinciales y distritales son posteriores a la fundación del Estado, ya que antes existió una constitución geopolítica real que fue construida sin tramas ni trampas. Sin embargo, como siempre se pretende imponer desde el mismo Estado y los gobiernos de turno, unos límites que no resuelven las necesidades ni los problemas irresueltos por el rezago colonial. Las fronteras son líneas imaginarias que “dividen y separan”, pero lo que está en juego son los recursos minerales existentes en esos lugares, de los que nunca se habla ni se discute en esos espacios, más bien se simula y se levanta la bandera de la defensa del territorio pero detrás de esa lucha, existen otros poderes que juegan sus propios intereses, y generan un juego en el que algunos líderes locales van cayendo de manera ingenua o quizás no tanto.
Asumimos que el etnocentrismo y el estigma son elementos fundantes de la discriminación y racismo, que lastran la historia de nuestros pueblos fragmentados históricamente. Cada región necesita de sus vecinos, y de hecho los recursos necesitan ser gestionados y redistribuidos de manera racional y pertinente, para resolver los problemas de salud, educación, alimentación, es decir, los servicios básicos a los que la población no tiene acceso. Y para ello las autoridades del Estado y de los distintos niveles de gobierno tienen que dejar de ser meros operadores de otros intereses.
En este contexto, algunos periodistas y medios de comunicación, han salido a despotricar contra Walter Aduviri, por su condición de procedencia y su vinculación con el “aymarazo”. Y aunque no soy partidario ni seguidor de la “gotita”, si puedo sostener enfáticamente que estos conflictos son alimentados y abonados por quienes siempre nos han despojado de nuestros recursos, y que nos quieren mantener divididos.
En suma, es hora de construir una agenda interregional desde los propios actores, con una proyección al futuro. La historia nos ha enseñado a afrontar y resolver los problemas de manera colectiva, el tema no sólo es una cuestión geográfica, es económico, político, social, ambiental y cultural. Ojalá el entorno técnico de los gobernadores regionales de Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, asuman esta actitud y contagien de manera plural y transparente a sus gobernadores.
PUNO Y MOQUEGUA
Las autoridades de las regiones Puno y Moquegua reactivaron hace poco un conflicto de límites territoriales, el cual podría terminar generando confrontaciones sociales entre organizaciones civiles de ambas jurisdicciones.
Todo comenzó con la promulgación de la Ley 30918, interpretada en Puno como “Ley Pasto Grande”, destinada a favorecer a Moquegua para anexarse algunas áreas de la región puneña.
Para el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, y el alcalde provincial, Martín Ticona, esta ley que modifica la Ley 27795 fue promulgada por el presidente Martín Vizcarra por ser ex autoridad de Moquegua.
Ambas regiones sostienen un conflicto de demarcación territorial en tres tramos, que según autoridades de Puno pertenecen ancestralmente a esta región, pero son reclamados por Moquegua desde hace un par de décadas.
Según diversos especialistas, el trasfondo del tema tiene que ver con el aprovechamiento de recursos minerales e hídricos en un área de 120.000 hectáreas.
Actualmente, este conflicto es visto en la Secretaría de Demarcación Territorial de la PCM, y con la nueva norma, podría resolverse aplicando una consulta popular con participación de las poblaciones involucradas.
Hace unas semanas, Walter Aduviri y Martín Ticona, acompañados de un grupo de habitantes del lugar, viajaron a la zona de Pasto Grande, reclamada por ambas regiones como parte de su territorio.
La visita de ambas autoridades para ‘reafirmar la posesión de Pasto Grande para Puno’ no fue bien recibida en Moquegua, quienes enviaron a un funcionario regional para advertirles que estaban actuando de manera ilegal.
Durante el encuentro, los funcionarios moqueguanos que arribaron con un contingente policial fueron echados a empellones por algunos habitantes puneños, no permitiendo que dialoguen con el gobernador regional y el alcalde.
Al respecto, el alcalde provincial de Puno refirió que al llegar a esa zona no habían cometido ninguna acción ilegal y que no causaron ninguna provocación. “Hemos estado en un territorio que nos corresponde y seguiremos firme en su defensa, no hubo ninguna actitud de rechazo hacia nadie de nuestra parte o del gobernador”, dijo Ticona a este Diario.
El alcalde de Puno se refería a las amenazas de denuncias legales contra las autoridades puneñas por presuntas usurpaciones territoriales al haber visitado esa zona. Aseguró que volverán a visitar Pasto Grande para cumplir compromisos asumidos con la población del lugar, como viabilizar proyectos de un puesto de salud, comedores escolares, mejoras de vías de acceso (carreteras), entre otros.
Sobre la Ley 30918, el burgomaestre dijo que agotarán todos los mecanismos legales contra esta norma, disponiendo al procurador municipal interponer las demandas que corresponda. También dijo que la ley, al tener nombre propio, se solicitará sea declarada inaplicable.
“La ley tiene efecto inmediato una vez que se reglamente, pero el proceso de demarcación comenzó con la ley anterior y debe resolverse con esa norma, no puede aplicarse la nueva ley con retroactividad”, afirmó la autoridad edil de Puno.
El problema de demarcación territorial entre Puno y Moquegua comenzó cuando el actual presidente de la República, Martín Vizcarra, era director del Proyecto Especial Pasto Grande, institución creada a pedido del Gobierno Regional de Moquegua, para acciones de afianzamiento hídrico.
Dicho Proyecto Especial construyó la represa Pasto Grande para aprovechar las aguas de la laguna del mismo nombre y destinarlas a la irrigación de miles de hectáreas de cultivo en territorio moqueguano y arequipeño (valle del Tambo).
Sin embargo, autoridades de la provincia de El Collao y el distrito de Ácora denunciaron que la construcción de la represa se dio en territorio de Puno, y que el recurso hídrico nacido en fuentes de la región era llevado sin retribuir nada a los habitantes de la zona.
PUNO Y AREQUIPA
Al mismo tiempo que la visita a Pasto Grande, seguidores de Walter Aduviri boicotearon el Simposio Agua para Nuestros Pueblos del Sur, organizado por el Ministerio de Agricultura (Minagri).
Los manifestantes acusaron al Minagri de provocación y causaron una bochornosa salida de Elmer Cáceres, gobernador de Arequipa, del auditorio del Colegio de Ingenieros de Puno, lugar donde se iba a realizar el evento.
De esta manera se perdió una nueva posibilidad de diálogo y acuerdos entre las regiones de Puno y Arequipa alrededor del proyecto hídrico. ¿Cómo se puede entender semejante conducta de las autoridades regionales frente a un proyecto vital para promover inversiones y expandir el bienestar de la gente?
En más de una ocasión Aduviri se ha pronunciado en contra de la realización del proyecto Paltiture. Luego de ser electo, Aduviri dejó en claro que el agua de Puno no se compartiría con Arequipa, al margen del triunfo de Cáceres en la gobernación de Arequipa. De pronto, dos gobernadores de la izquierda radical y antisistema demostraban su incapacidad para ponerse de acuerdo con objeto de favorecer a los pobres de sus respectivas regiones.
La capacidad del proyecto Paltiture —que suma una inversión de S/ 300 millones— está calculada en 80 millones de metros cúbicos de agua proveniente de los ríos Tincopalca, Quemillone y Tolapalca, ubicados en la zona alta de Puno. Agua que actualmente se pierde en el mar, sin atender las actividades agrícolas de Arequipa y Moquegua, sin beneficiar a más de 3,500 agricultores dedicados a la siembra de cebolla, arroz, páprika y pastos.
El objetivo del proyecto es también ampliar las fronteras agrícolas de las dos regiones. En el valle de Tambo se calcula que beneficiará a cerca de 10,000 hectáreas cultivables, incorporando en Arequipa cerca de 2,000 hectáreas de nuevos territorios cultivables, y en Moquegua 1,000 hectáreas en el valle de Quinistaquillas, en la provincia de Sánchez Cerro.
El proyecto hídrico está entrampado. Por un lado, existe un conflicto de demarcación territorial de los límites de Puno y Moquegua, lugar donde se proyecta construir la represa Paltiture: en la comunidad de Tolapalca, en el distrito Ichuña, en Moquegua.
Al respecto, los sectores vinculados a Walter Aduviri rechazan la reciente Ley Nº 30918, que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial. El artículo 12 de la ley establece la realización de una consulta popular cuando las acciones de delimitación territorial no logran acuerdos entre las partes. Las autoridades de Puno han señalado que la norma tiene nombre propio.
Señalan que la ley, aprobada por el Ejecutivo de Martín Vizcarra, favorece a Moquegua porque en la zona de conflicto los pobladores se sienten más moqueguanos que puneños. Por otro lado, hace dos años, el gobierno regional de Puno y la municipalidad de Puno interpusieron ante el Poder Judicial medidas cautelares en contra de la construcción de la represa.
Aduviri, pertinaz opositor del proyecto, debería seguir el ejemplo de los ex gobernadores de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez, y de Ica, Fernando Cillóniz. En marzo del año pasado ambos firmaron un convenio denominado “Sistema de afianzamiento hídrico en los valles de Ica, Pisco y áreas irrigables de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna, en Huancavelica”.
El objetivo del convenio es el aprovechamiento de los recursos hídricos de la región Huancavelica mediante el almacenamiento de agua. El agua almacenada se destinará primero a las partes altas y luego a las bajas de Huancavelica e Ica. Álvarez, las autoridades y la población de Huancavelica, entendieron que no podían seguir actuando como el perro del hortelano, desperdiciando el agua sin que llegue a ser útil para ninguna de las dos regiones.
Y como sucede en Ica, que gran parte de la población procede de Huancavelica, en Arequipa otra parte importante es puneña. ¿Por qué, entonces, la actitud absurda de negarle el agua a otros peruanos?
En determinados momentos la conducta de Aduviri parecería revelar la intención de alejarse de cualquier posibilidad de integración entre las regiones del Perú. ¿Acaso es parte de una estrategia secesionista?
*Con información de Vicente Alanoca, El Comercio y El Montonero
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