Frente a la creciente demanda de la ciudadanía, el viceministro de Planificación y Desarrollo Hidrocarburífero de Bolivia, Carlos Quispe, ratificó la intención de su gobierno de construir un gasoducto desde La Paz hasta el puerto peruano de Ilo, mediante una concesión de 32 años.
Al respecto, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), informó que el proyecto de masificación del Gas Natural en las regiones Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali, cuenta con tres postores.
Para la sorpresa de la entidad nacional, entre los interesados está la empresa estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La autoridad boliviana recalcó que su país tiene interés en distribuir gas domiciliario, a través del proyecto de masificación, justamente en donde el Gobierno Peruano pretende llevar este recurso (7 regiones, entre ellas Puno) a través de un megaproyecto.
Asimismo, existen otros dos interesados que buscan ganar la concesión de dicho proyecto: la empresa Gas Natural de Lima y Callao SA (Cálidda) y el Consorcio Wapsi Perú.
Según Proinversión, este proyecto está programado para licitarse durante el primer semestre de este año y comprende la construcción de la red de ductos de gas natural en siete regiones, así como la distribución a través de las conexiones domiciliarias e industriales.
El proyecto demanda una inversión aproximada de 400 millones de dólares y el plazo de concesión es de 32 años.
CONTRADICTORIO
Cabe resaltar que la empresa boliviana no descartó que estas regiones puedan ser abastecidas con el recurso su país; sin embargo, de una forma diferente a la demandada por el gobernador regional de Puno, Walter Aduvivi Calisaya, quien en su momento informó la disposición de Bolivia para construir un ducto hasta la ciudad de Juliaca.
Según la autoridad puneña, la viabilidad del megaproyecto peruano demandaría muchos años; ante ello, sugirió optar por la suscripción de un convenio para que Bolivia dote de gas barato a las regiones del sur del Perú.
Por otro lado, los representantes de diversas organizaciones populares de la región altiplánica han mostrado su rechazo a la intención de concesionar la dotación de un recurso que es tan importante para los peruanos.
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