Tras enfatizar que la función de la Defensoría es el monitoreo, análisis y gestión de conflictos sociales, así como el seguimiento de actas de estos casos, el titular de esta entidad, Jacinto Ticona Huamán, ratificó que seguimos siendo la segunda región más conflictiva del país.
En una conferencia por los 17 años de funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, Ticona informó que el 60% de los conflictos sociales son referidos al tema medioambiental y que, su mayoría, se ubican en la zona norte de la región.
Precisó que en el reporte de febrero pasado, se consignan 17 conflictos, 13 de los cuales están activos y 4 latentes. De ellos, destacan los referidos a la minería informal, contaminación de las mineras formales y medio ambiente.
En la provincia de San Román se registran conflictos en torno al botadero de Chilla, el drenaje de aguas pluviales y la construcción del Hospital Materno Infantil.
En tanto, en Puno los conflictos latentes se ubican en la misma ciudad, resaltando el problema del colegio Politécnico de Huáscar, el vertedero de aguas residuales y los casos de los distritos de Pomata, Huacullani y Coata.
Las provincias de Melgar, Moho, Carabaya, Sandia y Lampa, a su vez, presentan conflictos por la contaminación de los ríos debido a la actividad minera formal e informal, lo que provoca la muerte del ganado y podría generar enfermedades en la población.
Finalmente, recordó los conflictos limítrofes de nuestra región con Tacna y Moquegua, asegurando que actúan en el marco de la ley y median para llegar a consensos.
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