El pedido por el canon justo, el respeto territorial y la lucha por el agua quedaron en nada, según el asesor legal de la sociedad civil del pueblo de Ácora, Rubén Calisaya, quien denunció una “mano negra” del Ejecutivo para evitar que Puno haga valer sus derechos y se sume a la lucha emprendida por los pobladores de Las Bambas.
“¿Dirigentes vendidos?, ¿prensa comprada?”, son las interrogantes que hace Calisaya luego de la reunión convocada por el Frente de Organizaciones Populares (FOP) de Puno, el último sábado, en la Casa del Maestro, en donde el divisionismo dirigencial apagó la voz de miles de puneños que buscan el respeto a sus derechos.
Con el argumento de que dicha movilización se estaría politizando a favor del gobernador de Puno, Walter Aduviri, por el caso del “aymarazo” (cuyo proceso está en foja cero), algunos dirigentes, como los de la CGTP, han dado marcha atrás a la convocatoria del paro preventivo de 48 horas para el 3 y 4 de abril.
En cambio, acordaron realizar bajadas de base y una reunión para el 27 de abril, en donde solo se discutirá la coyuntura nacional.
“Lo que el Gobierno busca es que los pueblos se queden callados a los atropellos de sus derechos, y a la lucha contra la corrupción, como en el caso de la comunidad Fuerabambas, a quienes les brindamos nuestros respaldo”, señaló.
En ese marco, indicó que los representantes del distrito aymara de Ácora realizarán un pronunciamiento.
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