Columnista: Abel Rodríguez
El sistema extractivista en el Perú sigue siendo implementado en el marco histórico y social de la intolerancia, teniendo ciclos sangrientos, en sus versiones menos encubiertas, pero que siempre han encontrado una justificación para las acciones emprendidas por la autoridad, institucionalizándose la violencia como medio de hacer prevalecer el bienestar de “La Nación”, volviéndose una práctica casi “tradicional/ritual” en nuestros gobernantes.
Pareciera que la vieja estructura colonial, “república de indios y república de españoles” ha adquirido modos sofisticados y más “modernos” de preservarse hasta nuestros días, manteniendo su naturaleza cruenta y cínica.
Este modelo de dominación mantiene un aura colonial. Recordemos que la extracción de minerales como el oro y plata fue potencializada a través del régimen colonial (esclavista), las autoridades, sus representantes e instituciones coloniales (encomienda, mita, reducciones, etc.) veían en el Perú un espacio netamente de explotación (natural y social); la indiferencia de las autoridades frente a los reclamos de los grandes sectores afectados por el sistema colonial siempre asumió en el mejor de los casos una actitud de total indiferencia, salvo -claro- en lo tocante al mejoramiento y optimización del sistema extractivista.
Con el paso a la república (¿conseguida o concedida?) se apeló a una participación democrática en el Estado, pero las viejas formas excluyentes volvieron a replicar por todo el escenario nacional. Se mantiene un sistema que muy pocas veces busca el diálogo abierto con los sectores que se ven afectados de forma negativa (contaminación, desplazamiento, etc.) y muchos son los sucesos en los cuales el Estado nos ha brindado su descomunal “plebefobia”.
Gran parte de nuestro territorio se ha visto perturbado por el Estado, implementado políticas económicas que tiene como último objetivo la salvaguarda de nuestra naturaleza y el bienestar de sus pobladores. Recordemos que hubieron gobernantes de turno que desplazaron a esos ciudadanos a la “tercera categoría y un estado casi salvaje”.
Este odio administrativo por parte del Estado se sustenta en erradicar (legal o ilegalmente) toda forma de cuestionamiento, voces que muchas veces han encontrado una bala como medio eficaz de persuadir al cambio de mirada y de pensamiento. Nuevos regímenes, pero la indiferencia y odio son elementos ya conocidos por sectores que se vieron siempre excluidos de toda forma de planificación; el “desarrollo” es un proceso que se deja caer sobre determinados sectores sociales.
Vasallos con derecho a elegir cada quinquenio, y a escoger muchas veces entre empleos, donde lo único constante es la informalidad; vasallos que consumen información (requerimiento colonial) que a veces entienden y otras sirven para su conveniente entretenimiento. Cese del ejercicio de “Vasallo/Ciudadano” por parte de un sector importante de nuestra población y cesará el maltrato (violencia/odio) del Estado.
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