Durante el 2018 se presentaron alrededor de 12 casos de violencia escolar en nuestra región, la mayoría de ellos de parte de miembros de las instituciones educativas hacia los alumnos.
Así lo reveló el reporte presentado por la Defensoría del Pueblo de Puno, entidad que destacó al sector Educación como el segundo más quejado del 2018 por casos de violencia escolar, entre otros problemas.
Los colegios estatales fueron los más mencionados; sin embargo, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y la Dirección Regional de Educación de Puno (DREP) también se hallan dentro del informe presentado por la Defensoría, debido a que retrasaron trámites que contenían quejas contra directores y docentes.
Asimismo, durante el año anterior, la especialista de Convivencia Escolar de la UGEL Puno, Ayde Macedo Argandoña, informó que a nivel de las instituciones educativas de su jurisdicción se reportaron 97 casos de violencia escolar.
En ese mismo sentido, la Defensoría del Pueblo informó que este año se han presentado 4 nuevos casos en la región.
Ante las alarmantes cifras y debido al mal manejo de los directores de instituciones educativas donde se presentaron los casos de violencia estudiantil, la Defensoría viene trabajando en fortalecer las capacidades de los especialistas de Tutoría y Convivencia Escolar.
De igual modo, coordina con los directores de centros educativos para que puedan canalizar a tiempo las medidas correctivas en resguardo de las víctimas.
El defensor del Pueblo de Puno, Jacinto Ticona, recordó que las agresiones físicas, psicológicas y sexuales de docentes a estudiantes en 2018 fueron varias, las cuales fueron castigadas con destituciones o suspensiones por 30 días en algunos casos.
Unos de los más alarmantes fue el del auxiliar que ultrajó a su alumna en Atuncolla (Puno) y el de una docente de la IE María Auxiliadora de la ciudad de Puno, que agredió a una de sus alumnas. Finalmente, destacó que ante cualquier caso de violencia escolar, los directores son los primeros llamados a actuar, ya que asumen una responsabilidad administrativa; de no hacerlo, el director o directora puede ser pasible de un proceso administrativo y ganarse un proceso judicial por omisión de denuncia.
Comentario sobre post