Veronina Mamani
Es difícil realizar un análisis pormenorizado sobre el rol de la mujer y su participación real en las comunidades campesinas aymaras del Sur de Puno, ya que intervienen muchos factores culturales respecto a las relaciones de género en la comunidad, a lo que se suma que cada comunidad es una realidad particular.
Abordar el tema de género en la comunidad aymara es una tarea ambiciosa. Y son preocupantes los datos de la violencia contra la mujer, ya que según los indicadores, Puno ocupa el tercer lugar con más casos, pero, estos datos no detallan específicamente los casos de violencia contra la mujer aymara.
En la comunidad de hoy, el papel de la mujer aymara, está muy marcado por su rol fundamental en el núcleo familiar y su aporte al bienestar de la familia, tanto en la educación de hijas e hijos, y como la protagonista que mantiene viva la cultura aymara.
Sin embargo, la participación de la mujer en la toma de decisiones en las comunidades aymaras, es débil ya que en las asambleas comunales su palabra no es escuchada, ni tampoco su aporte al trabajo comunal es valorado. Más aún, revisando la documentación comunal la mayoría de las mujeres no tiene la condición de comuneras calificadas, todo lo cual unido a las condiciones en la que viven, hacen evidente su exclusión y mayor vulnerabilidad frente a la estructura de toma de decisiones de la comunidad. Todo este panorama expone las inequidades que existen entre mujeres y varones. Por ello, se requiere que las instituciones locales contribuyan a eliminar estas inequidades reproducidas en la comunidad, a través de planes y/o programas –sustentados en los derechos de la mujer reconocidos internacionalmente en diversos documentos suscritos por el Estado Peruano – contra la discriminación que sufre la mujer
Recordemos además que, la ley orgánica de gobiernos regionales establece en su artículo 8, los principios rectores de las políticas y la gestión regional, y se señala que “El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado, principalmente ubicados en el ámbito rural y organizados en comunidades campesinas y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación”.
Y, en el plano local, las municipalidades por ser las entidades del estado más cercanas a las comunidades deberían usar el presupuesto participativo para priorizar proyectos y programas de educación y promoción en favor de las mujeres para fortalecer sus capacidades personales y de liderazgo. Por lo que, es tarea de los agentes estatales y privados aportar para desterrar de la historia recurrente de discriminación, violencia y la marginación hacia la mujer no solo aymara, también de todas las mujeres indígenas rurales del país.
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