Más de 15 mil funcionarios y servidores públicos, a quienes se determinó con responsabilidad administrativa y se encuentran en pleno proceso sancionador por la Contraloría General, quedarían librados de responsabilidad.
Esto, debido al fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la facultad sancionadora del ente contralor, señaló el contralor general, Nelson Shack.
“La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional modifica el ordenamiento jurídico afectando los esfuerzos desplegados por el Sistema Nacional de Control en la identificación y sanción a los malos funcionarios presuntamente responsables de haber incumplido sus funciones y/o afectado los intereses del Estado, y que han sido comprendidos en los informes de control y sobre quienes se venían determinando responsabilidades administrativas con sanciones de suspensión e inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Con esta decisión los Procesos Administrativos Sancionadores (PAS) ya no podrán continuar”, explicó, explicó Shack.
El contralor, no dudó en afirmar que “esta sentencia constituye un duro golpe en la lucha efectiva contra la corrupción que supone, en primer orden, apartar de la administración pública a los malos funcionarios, sobre quienes ya no se podrá efectivizar la sanción, dejando únicamente que los procesos penales y civiles se mantengan en la vía judicial”, refirió.
La sentencia se emitió luego de la demanda de inconstitucionalidad presentada en el año 2015 por el Colegio de Abogados de Arequipa, que pedía al TC declarar inconstitucional la Ley 29622 que modificó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control ampliando las facultades en el procedimiento para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
Comentario sobre post