Yo no te olvido

Columnista: Irma Colquehunca Usedo

Cayara

Era 1988, y a Marino Suárez Huayanay los militares le cortaron la pierna y los testículos con un cuchillo, para luego llevárselos con rumbo desconocido. A Zózimo Taquiri Yarki lo torturaron, lo degollaron con una hoz, para luego ultimarlo con un disparo en la cabeza. A Felicitas Quispe Huamani la violaron veinticinco soldados, la arrastraron por la calle hasta dejarla sin fuerzas y luego la botaron. Todos ellos eran campesinos ayacuchanos, agricultores y analfabetos; pero, sobre todo, eran inocentes.

Las víctimas de Cayara y Accomarca llegaron a sumar más de 100; y según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sus muertes estuvieron precedidas de torturas y mutilaciones con machetes y hachas, para finalmente ser rematados a balazos y enterrados en fosas comunes. Esto lo hicieron militares peruanos que eran parte de “Operación Persecución” y del comando “Los Linces”. Acciones ordenadas, evidentemente, por el flamante ministro del interior de ese entonces, José Barsallo Burga, y del presidente de la República de turno, Alan García Pérez.

El Frontón

“Nos sacaban de 5 en 5 y nos iban fusilando, no tiro por tiro, sino a ráfaga, y por esa razón la bala no nos caía en las partes más vitales; luego nos arrastraron y llevaron a una fosa. Había gente que estaba debajo mío, aún estaban vivos y gritaban por salir, se ahogaban”, narra con amargura y dolor, Jesús Mejía Huerta, sobreviviente del Frontón. Ser reo y estar purgando una condena en cualquier prisión peruana, no le faculta a ninguna autoridad a tomar sus vidas y acabar con ellas. Sin embargo, en 1986, bajo la paciente mirada y dirección de Agustín Mantilla y del presidente Alan García, se cobraron las vidas de 118 reos, quienes luego de amotinarse para evitar su traslado hacia la cárcel de Canto Grande, murieron torturados y fusilados.

García

Durante su primer gobierno, el expresidente, en un discurso a la nación, dijo alguna vez: “La ley debe ser aplicada con severidad también para quienes violen o hayan violado los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el abuso de función, pues para luchar contra la barbarie no es preciso caer en la barbarie”. Entonces ¿quién ordenó avivar la hoguera del averno en Cayara y el Frontón? Y no, no buscamos deshonrar la imagen de quien en algún momento llevó las riendas de este país, se trata de poner en blanco y negro lo que por justicia le corresponde a cada quien, sin victimizarlo ni vanagloriarlo.

Han pasado casi 30 años, y la justicia les ha sido tan esquiva como negada a los deudos de Cayara y el Frontón; muchos de ellos aún no pueden enterrar a sus muertos, y muchos de aquellos muertos siguen gritando en el olvido y el silencio por justicia. Pero la historia ni perdona ni olvida, y nosotros mucho menos. El expresidente García se lleva a la tumba onerosas responsabilidades, cargadas de sangre y dolor de centenares de familias campesinas, las cuales no pidieron morir ni apretaron el gatillo, porque aun en la pesadumbre de lo que significa vivir en la pobreza, querían existir.