La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dispuso hoy 60 días de diligencias preliminares contra el congresista Jorge Castro Bravo, por el presunto delito de concusión y otros.
La medida abarca también a la asesora de Castro, Erika Cancino Cabrera, según informó el Ministerio Público.
Según un informe del programa Cuarto Poder, Castro, integrante de la bancada de Concertación Parlamentaria, cobraba “diezmos” mensuales a los trabajadores de su despacho.
La excoordinadora parlamentaria de Castro en Tacna, Paola Alave Quispe, afirmó que con su sueldo debía pagar el alquiler del local que el legislador utilizaba para sus reuniones en esa región, además de solventar los servicios de luz, agua e internet, así como la compra de diarios.
El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, afirmó que, de comprobarse la denuncia contra Castro, merecería el desafuero.
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