Columnista: Walter Paz Quispe Santos
Hay momentos de crispación en el país, sobre todo ético-morales. La clase política es decir aquella que tiene la responsabilidad de dirigir los destinos del Estado; se arrima a un rincón y responde a todo lo dicho por Jorge Barata con estruendosas amenazas contra el poder judicial y sobre todo los fiscales que ven el caso Lava Jato y Odebrecht. Algunos parlamentarios amenazan con modificar la ley de detención preliminar y preventiva a favor de sus cuestionados allegados; otros han salido con distintos discursos pretendiendo lavarle la cara al suicida Alan García. Y como si fuera poco, Toledo busca argucias en las cifras y alguna debilidad en la carpeta fiscal para quedar librado. Susana Villarán, por su parte, se metió a un escondite y espera una oportunidad para arremeter; Kuczynski se escuda en una clínica angloamericana para señalar que podría tener una muerte súbita.
Como verá, amigo lector, la clase política peruana muestra sus miserias. Lourdes Flores también lo hace, haciendo quedar mal a toda la democracia social cristiana, y para variar Ollanta Humala también evidencia sus trapos sucios, hasta el presidente Vizcarra está nervioso por haber sido el jefe de campaña de PPK. Además sumémosle a los segundones, esa servidumbre leal de testaferros que consumaron el saqueo de millones de dólares al país. Por eso cabe preguntarse ¿en manos de quiénes estaban los destinos del país? No es difícil la respuesta. En manos de unos ladrones.
Hay un caso que despierta un vivo interés en la población peruana: el protagonismo de sus abogados. Al margen de los Códigos de Ética de sus colegios, estos profesionales del Derecho se han convertido en logreros, ayayeros, especialistas en leguleyadas, estratagemas para que sus defendidos queden en la impunidad. Ahí los escuchamos en los medios de comunicación limeños por un puñado de dólares, sobre todo obstruyendo la acción de la justicia como el ridículo abogado del APRA, ese tal Reyes, que quiso inducir a Barata para que no hable mucho en contra de Alan García; no sé si los abogados son parte de la solución o del problema, lo que sí es cierto es que viven alimentándose de la carroña de políticos que han ensombrecido al país con la corrupción más escandalosa de la historia.
El pueblo peruano necesita verlos de una vez encerrados en las cárceles, y para ello los fiscales deben de completar sus elementos de convicción y tener mayor eficacia aprobatoria. No mostrar la debilidad que tuvo uno de ellos al cambiar los 36 meses de detención preventiva por una prisión domiciliaria, como en el caso de Kuczynski. Este último ha protagonizado un drama lleno de falacias con tal de no estar tras las rejas cuando en el país hay cientos de ciudadanos con más de ochenta años que asisten a clínicas y hospitales por el mismo mal y no tienen esos privilegios. No puede haber la ley del embudo para coimeros como PPK. ¿También hay médicos o una junta de médicos coimeados? Hay información de que hasta la misma operación de último minuto fue simulada.
No se salvan algunos medios de comunicación nada santos que sutilmente orientan sus mensajes para que el ciudadano de a pie se forme una idea distorsionada de la realidad, para que con esas cortinas de humo olviden pronto el pandemonio generalizado de estos políticos. Algo así como “Barata no sabía que el dinero procedía de la caja número dos” o, “Keiko Fujimori no fue mencionada por Barata y debe salir libre de la prisión preventiva”. Tal vez el Perú necesite a otro niño en el teatro Politeama para leer un discurso de salvación nacional redactado por otro González Prada, aunque no vivamos la guerra del Pacífico sino una guerra sin cuartel contra la corrupción.
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