Columnista: Tania Pariona Tarqui
El Censo del 2007, identificó que 4 millones de habitantes se consideraban indígenas, equivalente al 10% de la población peruana. El último Censo del 2017, a pesar de los problemas metodológicos en la determinación de la pregunta, por primera vez incluye la auto identificación.
Los resultados oficiales, establecen que el 25% de la población peruana (31.2 millones), se considera parte de pueblos originarios. Estos resultados tienen varias lecturas.
La primera, que somos una parte fundamental de la población peruana y no un sector minoritario o en proceso de desaparición, como pretenden denominarnos algunas fuerzas políticas en este Congreso al momento de evaluar las agendas y proyectos legislativos priorizados.
Segundo, que avanzado el siglo XXI, hay varias deudas pendientes que aún tiene el Estado peruano, en materia de seguridad territorial y de goce de derechos, principalmente a sus recursos y su territorio, las mismas que se agudizan cuando el Gobierno da preferencia al modelo extractivo y el otorgamiento de derechos a empresas nacionales y extranjeras.
Tercero, que siguen existiendo preocupantes niveles de racismo y discriminación que afectan de manera multidireccional (trabajo, educación, participación, economía, medios), a los miembros de los Pueblos Indígenas. En la actualidad, ni las instituciones, ni los mecanismos existentes permiten prevenir, identificar, sancionar y/o eliminar estas prácticas discriminatorias.
Cuarto, que persiste un serio problema de sub representación e invisibilización del 25% de la población peruana que se considera indígena, en los distintos sectores y niveles del Estado, en los órganos de gobierno, y en la ejecución del Presupuesto público. En tal sentido, llamamos la atención de las organizaciones representativas de los Pueblos Indígenas, a pocos años del Bicentenario de la Independencia, con el objetivo de poner en marcha esfuerzos que permitan la formulación de una agenda indígena consensuada para, a la vez, saldar las deudas del Estado y realizar el ejercicio pleno progresivo de sus derechos individuales y colectivos.
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