Según el reporte de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en la región Puno existe un 90% de empresas informales, mientras que un 70% de trabajadores no gozan de los beneficios laborales que establece la ley.
El abogado especialista en derecho administrativo y laboral, Tirso Vargas, informó que el Gobierno Central debe implementar una política en defensa del trabajador informal, de modo que se ayude a que las empresas informales accedan a su formalización.
“Lo primero que se debe establecer en las leyes laborales son los artículos 23,26 y 27, de la Constitución Política; esa es la norma que debe orientar cualquier política laboral a favor del trabajador”, dijo Vargas.
Asimismo, informó que la mayoría de trabajadores jóvenes se encuentran en las pequeñas y micro empresas, las cuales no establecen un contrato mediante planilla, ya que les genera una carga que no va acorde a sus ingresos.
“Es por ello que se recurre a la contratación informal… para no generar gastos por los benéficos en los derechos de un trabajador y que esto incurra en un déficit de las ganancias de la empresa. Para evitar todo eso se recurre a la informalidad”, acotó el abogado.
Aparte de ello, mencionó que en el régimen de Contratos Administrativo de Servicios (CAS) labora una buena cantidad de trabajadores del sector público, quienes la han calificado de injusta, ya que atribuye menos beneficios laborales.
Finalmente, detalló que el CAS es un régimen que debe ser retirado, tal como lo establece el Tribunal Constitucional; no obstante, sigue en vigencia, causando protestas por parte de los trabajadores públicos.
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