Gianela Ramos Burgos
La violencia que sufren las mujeres en nuestro país es una lamentable realidad y un problema de salud pública. En ese sentido, necesita ser prevenida, atendida, erradicada e incluso sancionada, a fin de garantizar el derecho a vivir libres de violencia.
La violencia no solo se manifiesta a nivel del ámbito familiar, sino también en el ámbito público, donde especialmente las mujeres son víctimas de acciones que vulneran sus derechos políticos. Tal es la situación, que esto es visto como algo normal, debido a que la historia y las generaciones nos han hecho creer que los espacios públicos y la toma de decisiones es cosa de hombres.
Sin embargo, nos encontramos en el siglo XXI, en plena lucha por la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en todos los ámbitos. En ese camino recorrido se ha avanzado en adquirir el derecho a la participación política de las mujeres (cuota de género es del 30% actualmente).
Desde el 2000, en el marco del ejercicio de ese derecho, las mujeres han tenido la oportunidad de participar en el espacio político y ser parte de la toma de decisiones del país y de la región Puno. Como consecuencia, las mujeres han tenido que enfrentar situaciones que constituyen “acoso político”, es decir, “cualquier acción, conducta u omisión que, por razón de discriminación por sexo y género, se ejerce contra una o varias mujeres de forma individual o grupal, de forma directa a través de terceros, que tenga como objeto o como resultado menoscabar, limitar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, lo que incluye la participación ciudadana en asuntos públicos” (Proyecto de Ley N° 3903/2018-CR). Se trata, pues, de una forma de violencia de género cometida contra personas activas en la vida pública y de una barrera fundamental para la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
La Red Nacional de Mujeres Autoridades (Renama) recoge testimonios y registra casos en el año 2010. Según detalla, se excluye a las mujeres porque: “no están capacitadas para ser funcionarias, deben ir a su casa a lavar y cocinar”. Una consejera de Ayacucho cuenta que: “…desde el inicio de la gestión, se trató de limitar mi trabajo…”. Otra versión, esta vez de una regidora provincial de Moquegua, dice: “El alcalde me decía: a esta no le creas nada, porque no sabe nada; ¿tú qué quieres acá?”.
Asimismo, arguye una regidora distrital de Huancavelica:“El alcalde me dice que soy una analfabeta, que no sé nada (…) Yo he estudiado quinto de secundaria, el mismo grado de instrucción que él tiene, en el mismo lugar hemos estudiado (…) Mi esposo me cortó el dinero desde que soy regidora. Tengo miedo… da miedo reclamar y fiscalizar”.
Por su parte, el estudio del CMP Flora Tristán, ACS Calandria, Diakonía (2012), evidencia que dos de cada cinco mujeres autoridades regionales y locales fueron víctimas de alguna forma de acoso político.
El estudio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y CPM Flora Tristán (2014), prueba que 3 de cada 10 candidatas a consejeras regionales 2014, fueron víctimas de alguna forma de acoso político. Asimismo, las regiones con más casos de acoso político están lideradas por Apurímac (100%), seguido de Cusco (89%) y Puno (85%). Asimismo, podemos evidenciar las razones más recurrentes por las que fueron víctimas de acoso político; entre ellas, el 60% manifiesta motivos políticos, es decir, trayectoria previa o falta de experiencia; el 54%, por el género, es decir, por el solo hecho de ser mujer; y el 29% manifiesta que son o fueron discriminadas por la edad.
Por otra parte, el grupo de personas que habría cometido alguna agresión o violencia hacia las candidatas son miembros de otras organizaciones políticas (el 45%), miembros de su propia organización (el 25%) y algún medio de comunicación (el 23%).
Las mujeres de la región Puno no están exentas del acoso político. En el Movimiento Manuela Ramos (2017-2019) se han recogido 70 testimonios de mujeres que han ocupado cargos políticos por elección popular y/o designación, de los cuales 18 son de mujeres autoridades (consejeras, alcaldesas, regidoras provinciales, distritales y de centros poblados), 17 de mujeres candidatas a un cargo político (consejera, alcaldesa, regidora), 14 de dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos, 10 de mujeres funcionarias en cargos por designación, 6 dirigentes estudiantiles y 5 de exautoridades (congresistas, consejeras, regidoras).
El acoso político se manifiesta en la vida de las mujeres desde la campaña política, a través de agresiones físicas, psicológicas, anulación de elecciones, difamaciones, calumnias a su vida personal y familiar, atentados a su integridad, difamaciones de carácter administrativo y de índole sexual; asimismo, se les obstaculiza iniciativas legislativas y de gestión, se las convoca en horarios y lugares inadecuados que solo ponen en riesgo la integridad de la mujer autoridad, se les niega el acceso a la información y la libre expresión, se interfiere sus funciones normativas de representación, fiscalización y legislación, entre otras acciones que tienen por objetivo anular y restringir su participación política en igualdad de condiciones con los hombres. Esto les ocasiona a las mujeres una doble y/o triple violencia, a nivel institucional (la municipalidad), a nivel familiar, además de la presión social.
Respecto a los mecanismos asumidos para enfrentar el acoso político, son tres los caminos identificados: la denuncia ante las instituciones y órganos competentes, la denuncia ante los medios de comunicación y recurrir al respaldo de las organizaciones como REMARPU y Manuela Ramos, para lograr la justicia anhelada. Como fuera, el acoso político está presente en la trayectoria política de las mujeres, donde la vinculación principal se halla en la razón de género. No es lo mismo ser mujer autoridad que ser hombre autoridad.
La agenda pendiente es atender y sancionar estas acciones, que aún se ven normalizadas por una sociedad machista; asimismo, promover la alternancia y la paridad en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, y que el ámbito privado y público sean ocupados por ambos. Así como debemos aprender a compartir las tareas domésticas, también aprendamos a compartir el poder.
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