Por Guillermo Yaguno Mercado
En la agenda política de nuestro país, está sin duda, la reforma política. Pero no necesariamente ello significa que vaya a entrar a debate en la Comisión de Constitución presidida por la fujimorista Rosa Bartra.
Fiel a su estilo, al que nos tienen acostumbrados Fuerza Popular y el Apra, sigue la alianza, sus posturas giran en torno a este tema, pero distantes del interés y clamor de la ciudadanía.
¿A qué juega Fuerza Popular con la negativa y peros que muestran para no priorizar los proyectos de la reforma de Constitución? El fujimorismo siente que ya recobró fuerzas como bancada y cree que está en condiciones de arrinconar y condicionar nuevamente a Vizcarra en su intento de lograr la reforma.
Fuerza Popular, como es sabido, desde que perdió la presidencia, nunca renunció al poder y menos a ‘gobernar’, y decidió hacerlo desde el Congreso, pero sin agenda política nacional, recordemos que la consigna de Keiko Fujimori, fue postergar los proyectos e iniciativas en favor del país, estos lo haremos cuando seamos gobierno decía, la mirada estuvo siempre en el año 2021. Mientras tanto había que doblegar al ‘enemigo’.
El contexto y la coyuntura pusieron al gobierno de Vizcarra a la altura de las circunstancias, más por clamor de la calle que por programa de gobierno. Y lo reconoció cuando anunciaba las medidas inmediatas después de estallar el escándalo de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ y toda esa trama de corrupción en el Poder Judicial. Sin bancada en el Congreso ni voceros influyentes en la escena política, apeló a la ciudadanía, y, puso en jaque a la mayoría opositora, logró con el referéndum su paquete de reformas.
Tras el efecto Odebrecht, Vizcarra también tomó la iniciativa y conformó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que elaboró doce proyectos para este fin, de los cuales cuatro propuestas son de reforma constitucional donde se busca levantar la inmunidad parlamentaria, mejorar la relación Ejecutivo-Legislativa, ampliar el gobierno de autoridades regionales y municipales a cinco años, y prohibir la postulación a cargos públicos a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. Pero corre el riesgo de no aplicarse en las elecciones de 2021.
No han sido suficientes los tibios pedidos del presidente, tampoco el del premier, menos de la disminuida bancada oficialista a que se priorice y entre en agenda la reforma. La negativa sigue en pie. Pero ahora entró en escena la sociedad civil, por lo pronto 50 organizaciones exigen un acuerdo político entre el Ejecutivo y el Legislativo para que en la presente legislatura se debata y apruebe la reforma. La han calificado de impostergable.
Nuevamente, la sociedad civil respalda a Vizcarra para seguir impulsando la reforma, depende de él estar a la altura de las nuevas circunstancias y echar mano de sus facultades legales, incluida la cuestión de confianza a las reformas. La calle estará atenta.
*Periodista
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