Por Sergio E. Mostajo Cuentas*
En enero empezó la pesadilla para cientos de familias que hasta entonces vivían tranquilas en la urbanización Santa Catalina, distrito de Bustamante y Rivero, en Arequipa.
Llegó una cuadrilla de trabajadores y empezaron excavaciones en el lote de un vecino. Personal de Fiscalización de la comuna distrital hizo una inspección que terminó con la orden de paralización de la obra.
A despecho de ello, los obreros siguieron trabajando, volvió Fiscalización varias veces, siempre ordenaban parar la obra, y los obreros sordos seguían su febril labor.
Los vecinos ignoraban qué ocurría, lo supieron tarde, el 14 de febrero vieron aparcar un tráiler cargando enormes partes metálicas, usando una grúa en cuestión de minutos armaron una gigantesca torre.
De nada valió la presencia de la autoridad municipal, menos la policial, haciendo gala de un comportamiento abusivo y prepotente, la empresa ‘Torres Unidas del Perú’, plantó esa estructura.
Desde entonces corrió mucha agua bajo el puente. La autoridad municipal en uso de sus facultades y por razones técnico-administrativas, en última instancia, ratificó la orden de paralizar la obra, aplicó multa de 105 mil soles y dispuso el desmontaje de la torre.
Pese a ello, obreros acompañados de un séquito de abogados y matones, al amparo de una, mal usada norma legal, de aprobación automática, consiguieron avanzar el armado de la torre.
Entonces se produjeron escaramuzas con los vecinos; los matones agredieron incluso a damas de la tercera edad.
La empresa perdió todas las apelaciones; ello no fue problema, ordenó intensificar el trabajo. Y en un comportamiento cuasi delincuencial, sus trabajadores incursionan en la obra de noche y de madrugada.
Asombra la pasividad de efectivos de la comisaría de Simón Bolívar, quienes ven a los obreros ingresar a la obra escalando paredes estando las puertas lacradas, incurriendo en flagrancia dolosa y no intervienen.
No contentos, al estilo de la derecha bruta y achorada, la empresa ha iniciado una campaña de amedrentamiento contra directivos y vecinos, amenazan con denunciarlos y exigirles el pago de miles de soles por supuestos daños.
Aquí cabe preguntar: ¿El avance de la tecnología justifica esta forma de proceder?, ¿La inversión privada es sinónimo de abuso y prepotencia?; ¿Es lícito afectar la vida de cientos de personas so pretexto de mejorar las telecomunicaciones?, ¿Pueden los policías y fiscales desamparar a los ciudadanos aduciendo que los hechos están fuera de su ámbito jurisdiccional, aun viendo flagrancia y conductas dolosas?
Se pueden formular más interrogantes; pero excedería el espacio concedido.
Mientras ocurre todo esto, los vecinos, esperan justicia y recuperar su tranquilidad.
*Periodista
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