Por Guillermo Yaguno
El Congreso de la República desde hace buen tiempo, recibe un alto rechazo de parte de la ciudadanía.
Este sentimiento de desaprobación ha ido incrementándose, debido a las decisiones tomadas en momentos clave, al dar muestras pasivas y poco comprometidas, desde su competencia, contra la corrupción y el delito en las instancias de los demás poderes del Estado y del suyo propio.
Entre otras razones, el desprecio del ciudadano hacia el parlamento, se debe a la denominada ‘inmunidad’ de la que gozan los congresistas.
Para los parlamentarios que han tenido cuentas pendientes con la justicia, este privilegio, ha sido un escudo y escape de la ley, una fórmula ‘legal’ de dilatar un proceso y su ejecución. Incluso la prescripción del delito.
La inmunidad establecida en la Constitución Política, en su artículo 93, donde refiere que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del parlamento o la Comisión Permanente, de por sí, ha generado la posibilidad de eludir a la justicia.
Esta mala práctica la resume el dicho popular de “otorongo no come otorongo”, y no sólo en los pedidos de levantamiento de inmunidad.
Hasta la fecha, desde que se implantó esta figura, el 70% de estos pedidos han sido declarados inadmisibles por razones formales o meros cálculos políticos de las bancadas de turno.
Ante la percepción ciudadana de una impunidad administrada por el Congreso hacia sus integrantes, la parlamentaria Patricia Donaire presentaba un proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria.
Argumentaba Donaire, que esta prerrogativa ha sido mal usada por los parlamentarios. El proyecto buscaba derogar el artículo 93 de la Constitución, además del artículo 16 del Reglamento del Congreso.
La legisladora mencionaba que ello contribuía a mejorar la imagen del Congreso y que en una nueva estructura de gobierno, su permanencia era injustificable.
Obviamente no tuvo eco en la mayoría de las bancadas, pero sí en la ciudadanía, y así lo recogió la encuestadora Datum en esos días.
El 71% de la población estaba de acuerdo con la eliminación de la inmunidad; mientras que solo el 24% mostraba su desacuerdo.
El reciente trabajo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que el 84% desaprueba la labor del Congreso y un 70% aprueba el cierre eventual por parte del ejecutivo.
La situación no puede ser más crítica para el legislativo.
En ese contexto, el Ejecutivo fue menos radical. Propuso modificar el artículo 93 para darle facultades al Poder Judicial de quitar la inmunidad en reemplazo del Congreso.
La negativa e intento de la Comisión de Constitución de mandar el proyecto al archivo no se hizo esperar, y nuevamente el cálculo político y el cierre de filas en favor de la inmunidad fue la respuesta.
Vizcarra debe entender que su poder para concretar esta u otras reformas, está en la cuestión de confianza y la mayoría con la que no cuenta, la encontrará en la consulta popular, es decir, en el referéndum.
Con este parlamento, un estilo clásico de relación ejecutivo–legislativo, no cuenta.
*Periodista
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