El congresista Horacio Zeballos Patrón instó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a resolver el contrato firmado con la empresa Consorcio Angostura Cobra, a cargo del proyecto Majes Siguas II.
“Debe negociar con ProInversión y señalar que no le conviene que el contrato siga en pie. Quiere tener en sus manos la venta de las 38 mil 500 hectáreas, y más por las pérdidas que se generarán en la región”, señaló.
La última prórroga para el reinicio del proyecto Majes Siguas II y el pago extra de US$ 104 millones que pide la concesionaria en la Adenda 13, que sugiere cambiar los canales de agua por tuberías, vence el 2 de junio.
Por lo que advirtió que la forma en que el gobierno regional y la concesionaria acordaron modificar el sistema de riego de las pampas de Siguas es ilegal, porque no respeta lo establecido en el Texto Único Ordenado (TUO) del contrato. Documento que señala que el cambio debe ser aprobado previa opinión favorable de la supervisora.
CIERRE FINANCIERO
Según Zeballos, el gobernador debe garantizar el cierre financiero del proyecto, porque la empresa no tiene capacidad económica.
“La región no debe avalar la Adenda 13 porque beneficiará a la concesionaria en el reclamo de millones de dólares en controversia, encareciéndolo en un 54%, respecto al contrato original de 2010, lo que incrementará el precio final de la tierra y el agua de Majes II”, cuestionó.
Refiriere el caso de US$ 74 millones que reclama la empresa. Los US$ 29 millones correspondientes a los gastos de mantenimiento desde que las obras físicas están paralizadas (diciembre de 2017), y los US$ 45 millones por obras de la fase I.
FAVORECIÓ A COBRA
Según su informe de fiscalización, Autodema aprobó expedientes por US$ 85 millones a favor de la empresa Cobra.
En 2015, Autodema emitió una resolución ejecutiva de aprobación técnica la fase I del proyecto por un valor de US$ 367.5 millones. Dicha resolución ahora supera en US$ 85 millones la primera fase a cargo de la concesionaria.
“Con esto la concesionaria puede exigir más recursos al gobierno regional, solicitar nuevas paralizaciones e incluso más adendas, hasta que ambas solucionen la controversia”, precisó.
El informe detalla también que se encontró un desembolso financiero del 40% del presupuesto de la fase I valorizado en US$ 282.3 millones que no concuerda con el avance de ejecución.
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