Mariely Loaiza
Han pasado 16 años desde el fatídico 29 de mayo del 2003, cuando se registró una verdadera masacre en el entorno de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno.
Nadie imaginaba lo sangrienta que aquella mañana sería, ni su valor en la historia peruana. Y nadie sospechó tampoco que una marcha pacífica, en respaldo al magisterio, devendría en una balacera militar contra indefensos universitarios.
El trágico hecho, en el cual resultaron heridos de muerte varios estudiantes de la Facultad de Educación de la UNA Puno, dejó escollos en la memoria social e institucional de Puno, tantos, que siempre deberíamos recordarlos con dolor.
No obstante, muchos jóvenes e incluso varias autoridades universitarias olvidan el significado de esta lucha de reivindicación para los profesores y estudiantes.
Y lo que es más, parecen no saber nada de la muerte del hoy mártir de la democracia, Eddy Quilca Cruz, y aquellos 51 heridos que dejó como saldo el enfrentamiento desigual entre universitarios y militares.
La vida, después de aquello, ya no fue la misma para muchos. Por ejemplo para Primo Núñez Tito, una de las víctimas de enfrentamiento, quien “lamentablemente” se encontraba en la zona de la masacre.
La declaratoria del estado de emergencia en Puno, por parte del gobierno del expresidente Alejandro Toledo, trajo consigo una acción militar desmedida e indolente.
Las fuerzas armadas, sin temor, dispararon a quemarropa y lanzaron bombas lacrimógenas contra los universitarios, quienes realizaban una marcha social pacífica.
“Las cosas empezaron a agravarse al promediar las 8 de la mañana; muchos de los estudiantes y militares ya habían avanzado hasta las inmediaciones de las avenidas Floral y Progreso… transeúntes y estudiantes fueron masacrados”, sostiene Núñez Tito.
El enfrentamiento entró en su punto álgido cuando se conoció la muerte de Eddy Quilca, estudiante de la Facultad de Educación que fue impactado por un proyectil en el abdomen.
La población, consternada, se sumó a la movilización de los estudiantes, iniciando una marcha en la Plaza Mayor de Puno, la cual también fue reprimida.
Tras ello, se realizó una movilización hasta el cuartel del Ejército, con el ataúd de Quilca en hombros. Esa misma noche, la población continuó con las protestas, con “cacerolazos” y pedidos de justicia.
“Nadie en su momento pudo socorrerlo. Los militares de las Fuerzas Armadas seguían atacando a muchos de los estudiantes (…) Algunos ni siquiera se daban cuenta de que habían sido impactados por una bala”, agrega Núñez Tito.
Por su parte, el entonces presidente del Comité de lucha de los estudiantes de Educación, Stip Sucari, asegura que la marcha tuvo como propósito levantar el estado de emergencia en la ciudad de Puno.
“Desde la mañana de aquel 29 de mayo se decidió tomar las instalaciones de la universidad, a donde los militares ingresaron y empezaron a provocar a los estudiantes; ante las provocaciones, muchos decidieron salir a marchar, a fin de evitar las provocaciones”, relata.
Y continúa: “Lamentablemente, los militares, sin ninguna consideración, empezaron a disparar; los estudiantes jamás imaginaron tal accionar y en su defensa empezaron a lanzar lo que había al alcance de sus manos y a protegerse”.
Richard Tipo Quispe, hoy regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, que en aquel entonces fue también dirigente universitario, recuerda con nitidez el temor de los estudiantes heridos y con indignación el que se les haya pretendido calificar como terroristas.
De igual modo, lamenta que las autoridades hayan olvidado esta fecha significativa para la universidad y que no se considere siquiera una ceremonia en memoria de la muerte y las víctimas. “La universidad debe estar vinculada con el pueblo y no mantenerse ajena a esto”, sostiene.
OLVIDO DE PROMESAS
La fuerza de los recuerdos es tal en Primo Núñez Tito, que hoy se indigna con el olvido de los compromisos asumidos por las autoridades universitarias, pese a que ese 29 de mayo marcó la historia la universidad peruana.
Luego de ocurrida la masacre -rememora-, muchas instituciones y autoridades se comprometieron a brindar todo el apoyo posible a las víctimas y, particularmente, a la familia de Eddy Quilca, pero nada se cumplió. Sus promesas se las llevó el viento.
“Los que decían apoyarnos en aquel entonces jamás cumplieron; yo tuve incluso que hacer varios préstamos al banco para poder recuperarme y muchas de las víctimas tuvieron que irse hasta Cuba para poder mejorar”, acota.
SIN JUSTICIA
En cuanto al proceso judicial y civil que se llevó en contra de los militares que atacaron a quemarropa a los estudiantes, Núñez Tito refirió que no se hizo mucho, debido a que las víctimas no contaban con los recursos necesarios.
“En ese entonces, el que brindó apoyo a las víctimas fue el abogado en derechos humanos Juan Monzón Granda y el congresista Yonhy Lescano”, añade.
Según cuenta, cuando fue a Lima a llevar los procesos en su defensa solo había 3 abogados para todas las víctimas, mientras que los militares implicados iban cada uno con su abogado.
Al final, el proceso culminó el 2008 con una transacción extrajudicial, ya que muchas de las familias, como la del fallecido Eddy Quilca, no tenían dinero para seguir con el proceso. “Lamentablemente, se quedó en el resarcimiento voluntario… Las víctimas fueron indemnizadas por las pérdidas que tenían”, acota.
NADA FUE COMO ANTES
Casi todas las víctimas del 29 de mayo del 2003 pasaron por serias dificultades para mejorar de sus lesiones. La inversión que hicieron en su salud fue grande, a tal punto, que algunos dejaron de estudiar.
La razón de esto último es sencilla: quedaron discapacitados.
La muerte de Eddy Quilca Cruz, considerando todo lo anterior, prueba las innúmeras fallas en las que el gobierno puede incurrir. Y lo triste son las irreversibles consecuencias, las cuales no se olvidan de la noche a la mañana.
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