“El gobernador regional de Puno pretende imponer su gestión al Consejo Regional”, fueron las palabras del fiscalizador Jorge Zúñiga, tras la denuncia en contra de la normativa que permite interpelar a sus funcionarios de confianza.
El último jueves, el Consejo Regional de Puno, con 13 votos a favor, aprobó interpelar al gerente de Desarrollo Social, Ricardo Delgado, y al titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Ronald Chata, por presunta discriminación en agravio de los trabajadores de dicho sector.
Según Aduviri Calisaya, esta decisión sería ilegal e inconstitucional, ya que un reglamento no podría estar por encima de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; a su juicio, esa potestad solo la tendrían los Congresistas de la República.
“No somos un país federal, solo en el Congreso de la Republica se puede censurar, donde también el presidente de la Republica puede disolver el Congreso”, manifestó.
¿BLINDAJE?
Por otro lado, Aduviri Calisaya refirió que acudirá a la vía legal para quitar esta facultad a los consejeros, con la modificatoria del Reglamento Interno del Consejo (RIC)
Por su parte, Zúñiga expresó que la autoridad regional desconocería la autonomía del reglamento interno, ya que a través de la Ordenanza Nro. 026 se tiene esa facultad.
“El gobernador desconoce el primer nivel de gobierno, y seguramente la Ordenanza 026, que plantea que si los interpelados no convencen al Consejo Regional, se puede plantear la censura”, refirió.
Y acotó: “Lo único que vamos a hacer los consejeros es aplicar la Ley de carácter regional, y si no le gusta, tiene los mecanismos legales para interponer (acciones) contra la ordenanza, pero no contra los consejeros”.
Por último, enfatizó que la autoridad pretendería imponer su gestión para hacer lo que quiere.
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