Miedo a las censuras

Columnista: Walter Paz Quispe Santos

El gobernador regional Walter Aduviri ha lanzado el grito al cielo porque un integrante del Consejo Regional ha anunciado la interpelación a dos funcionarios por el tema del concurso y contratos CAS en el sector Salud.

Los argumentos de Aduviri, desesperados, son que no somos un país federal y que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no lo contempla. Estas declaraciones han sido acompañadas por un abogado conocido del medio que, arrogándose alguna autoridad sobre el tema, señaló que las censuras son un exceso en el Reglamento Interno del Consejo (RIC). Al respecto, debemos decir que una mayoría de gobiernos regionales del país contempla la moción de censura para funcionarios poco transparentes, corruptos, que siempre existen en una gestión.

En las funciones de fiscalización de funcionarios que hacen los consejeros regionales tiene que existir una llamada de atención al gobernador por las actitudes censurables de sus funcionarios, como ya existen en exceso en la gestión de Aduviri. Los casos patéticos de funcionarios corruptos son, por ejemplo, el del gerente de Desarrollo Social y, por supuesto, el del director de la DIRESA, que hasta hoy no puede resolver los problemas del sector Salud envueltos en escandalosos actos de corrupción. ¿Qué quiere el señor Aduviri, proteger a sus corruptos? ¿Y qué busca el abogado Tirso Vargas al llamar a la censura un exceso en el RIC? Sería un exceso si un Consejo Regional sin razón alguna censura a un funcionario; entonces, hasta la población y los medios dirían que son un exceso. Y eso no ha ocurrido aún. Por eso, llama la atención que Aduviri y sus asesores busquen proteger a sus corruptos, descalificando un reglamento interno.

La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales no señala todo lo que tiene que existir como normal en un reglamento interno, las normas articuladas en el mismo, en el país, tienen una reflexión doctrinaria, teórica, y son vinculantes para quienes son demócratas y saben que cuando un Consejo censura a uno de sus funcionarios corruptos hay que reemplazarlos por otros más honrados, transparentes y conocedores de la gestión pública. Solo los presidentes regionales autoritarios, antidemocráticos y promotores de la corrupción se han zurrado de las decisiones de un Consejo Regional frente a la censura. En la gestión anterior, por el mismo caso de contratos irregulares CAS, hemos censurado a ocho directores de las Redes de Salud, precisamente por actos de corrupción relacionados con los contratos CAS. Claro, al principio el gobernador se rehusó a cambiarlos, pero por presión de la población indignada tuvo que hacerlo. Después, censuramos a los dieciséis consultores FAG que se pasaron los cuatro años de portapliegos y lazarillos del gobernador como pasa hoy mismo con estos ayayeros de Aduviri, que no aportan ni cumplen las funciones de consultores, y la población nos aplaudió. Finalmente, también censuramos al mismo gobernador regional, que se fue siendo uno de los más corruptos de la historia, y así lo recordarán las nuevas generaciones.

Las censuras son necesarias y para opinar con propiedad sobre las mismas hay que ser constitucionalistas, conocer sobre las técnicas legislativas de los RIC y los estándares del debate sobre el comportamiento de los funcionarios públicos.