De manera desafiante, los funcionarios del Gobierno Regional de Puno (GRP) no asistieron al Pleno del Consejo, a donde fueron citados, y realizaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que la censura que recibieron del Consejo Regional carece de sustento legal. De esta forma, abrieron una brecha de confrontación y crisis política.
Como estaba programado, ayer el Consejo debatió la censura del gerente regional de Desarrollo Social del GRP, Ricardo Delgado, y del titular de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Ronald Chata.
CENSURADOS
Los fiscalizadores aprobaron interponer la máxima sanción en contra de ambos funcionarios. En ese marco, el presidente del Consejo, Luis Borda, precisó que en 4 días se enviará un documento al Ejecutivo regional para que se solicite la carta de renuncia de los funcionarios.
DISPUTA LEGAL
“Debemos señalar que la Ley Orgánica del Gobierno Regional es estricta. Establece las funciones del gobernador. En el inciso 2 indica que está en sus atribuciones, observar las ordenanzas en un plazo de 15 días hábiles y cumplir los acuerdos del Consejo Regional de forma obligatoria”, señaló Cahua.
Al respecto, el asesor legal del GRP, Aldo Valdivia, en medio de una conferencia de prensa, sostuvo que el Ejecutivo no asumiría la posición del Consejo Regional, porque carecería de fundamento legal.
“En ninguna de las 19 atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, de la Constitución Política del Perú, se contempla el acto de interpelación. Como no está establecido en la Ley ni en la Carta Magna (…) se está vulnerando el principio de legalidad”, refirió.
Cabe resaltar que el reglamento del Consejo Regional sí contempla el acto interpelatorio, el mismo que fue promulgado mediante ordenanza. En ese marco, Luis Borda argumenta que si bien la Ley no lo contempla, tampoco lo prohíbe.
“No lo menciona y no lo prohíbe; en ese marco, debemos señalar que hay una norma que regula la interpelación y esta es la ordenanza que está aprobada”, agregó.
Por su parte, Aldo Valdivia citó al Tribunal Constitucional. “El máximo intérprete de la Constitución señala que los gobiernos regionales no tienen más competencia de aquello que la Constitución y las leyes orgánicas le han concedido”, señaló.
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