?Lorena Pérez Talavera
Luego de ofrecerse como intermediario para que se instale la mesa de diálogo en Islay, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, pide que sea el propio presidente de la República quien arribe al valle de Tambo, y acate la voluntad de la población, que se opone al proyecto minero.
“Manan (no), yo estoy a favor del pueblo y Tía María no va”, aseguró.
La autoridad ratificó su rechazo al proyecto minero Tía María, mientras no cuente con la licencia social.
“Le pedí que venga a escuchar a la población (…), dialogar no significa que va a venir a imponer su posición”, precisó.
PIDE A VIZCARRA
Cáceres Llica, hace unos días anunció que sería el premier Salvador del Solar quien visitaría el valle de Tambo, para propiciar el diálogo entre los lugareños que se niegan a otorgar la licencia social.
Ahora instó al primer mandatario, a que sea él mismo quien converse con la población. Sin embargo, se desconoce cuándo se llevará a cabo el encuentro.
“Conversé con él, pero aún no tengo la fecha en que visitará a la provincia”, indicó.
SE OPONEN A LA MESA DE DIÁLOGO
En agosto, vence la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado para el proyecto Tía María en 2014.
Pero luego se produjo el conflicto que cobró la vida de 7 personas que participaron de movilizaciones.
El proyecto involucra a tres distritos de la provincia de Islay: Deán Valdivia, Cocachacra y Punta de Bombón.
Tanto voceros como residentes de Islay que se oponen a las operaciones mineras, amenazaron con iniciar paralizaciones indefinidas como las acatadas entre 2011 y 2015.
Es el caso del alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera, quien lamenta que después de dos años de las protestas, no haya surgido ningún diálogo entre el Gobierno con las autoridades locales y la población.
Mientras que otro sector rechaza la posibilidad de conformar estos espacios de conversación, porque podrían servir para convencerlos de dar luz verde al proyecto que busca explotar 120 mil toneladas de cobre.
Es el caso del alcalde de la provincia de Islay, Edgar Rivera Cervera, quien lamenta que después de dos años de las protestas, no haya surgido ningún diálogo entre el Gobierno con las autoridades locales y la población.
Mientras que otro sector rechaza la posibilidad de conformar estos espacios de conversación, porque podrían servir para convencerlos de dar luz verde al proyecto que busca explotar 120 mil toneladas de cobre.
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