Mirtha Vásquez
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, alias CONFIEP, gremio compuesto por todos los grandes empresarios del país, ha lanzado un ultimátum al presidente de la República y a su gabinete. Cual novio machirulo, la CONFIEP le exige a Vizcarra “la prueba de fidelidad”, que no es otra que la licencia inmediata para el proyecto minero Tía María, pero ya!
A una sola voz, la actual presidenta del gremio, María Isabel León, el ex presidente Roque Benavides, la presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa Jessica Rodríguez, el periodista Jaime de Althaus y otros conspicuos representantes de los intereses empresariales, han salido a requerir al Ejecutivo con el tono exigente que los caracteriza, mejores condiciones para sus negocios.
Sí, y el punto innegociable es la aprobación del proyecto Tía María, dado que el plazo de la vigencia de su EIA vence en este mes y Southern Perú no está dispuesta a realizar uno nuevo, ni a levantar más observaciones; por tanto el “coro empresarial” simplemente requiere la aprobación sin condiciones, como “señal”, suponemos que de respeto por los ricos de este país y sus inversiones.
Lo otro que demandan rápidamente es la mejora del régimen agrario, pero ojo, no se confundan, no hablan de la agricultura familiar que sostiene a los hogares peruanos, hablan de su gremio, los grandes empresarios agroexportadores, esos que cada vez acaparan más tierra y más, agua, tienen el negocio de monocultivos para vender grandes volúmenes de productos al extranjero.
Pero en el colmo de la arrogancia y sabiéndose dueños de este país, se han tomado la libertad de hacer la “agenda país”, un documento que resume sus requerimientos que deben ser aplicados en los sectores estratégicos donde están sus negocios. Incluyen suprimir normas de exigencia y protección ambiental: la eliminación del inciso h) de la ley 27446 de Evaluación de impacto ambiental, que permite solicitar requisitos adicionales en sus estudios; la ley 30640 de protección de cabeceras de cuenca, respecto a la cual requieren al ANA que para establecer criterios de protección de estos espacios, deberían coordinar con representantes de su gremio; requieren la eliminación de la consulta previa en varios momentos de la ejecución de sus proyectos, entre otros “mínimos” cambios.
Pero también su llamada “Agenda País”, reconoce amenazas que hay que suprimir, así en la página 38 señalan al Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos como un gran peligro, pues “puede constituir un instrumento a ser utilizado por activistas políticos y azuzadores, en contra de las empresas”; del mismo modo cuestionan la aprobación del Protocolo de Defensores de Derechos Humanos porque no contó con la aprobación del gremio empresarial. Así, los instrumentos de derechos son para ellos agresiones para el desarrollo económico de este país.
El documento de casi 60 páginas, entregado en las propias manos del presidente Vizcarra, a través del séquito empresarial, contiene un sinnúmero de exigencias, que incluyen recortes de derechos a ciudadanos y prebendas por doquier para las inversiones.
Es increíble que en un Estado, el sector empresarial ya no intente ni siquiera disimular su injerencia directa sobre la administración del gobierno del país, que abiertamente nos desafíe con su poder, y que pueda plantear sin ningún sonrojo que sus inversiones están por encima de todo y valen más que nuestros derechos.
Las cartas están sobre la mesa, esta vez sin ninguna careta, la Confiep le ha planteado al gobierno que decida entre el pueblo o los grandes negocios de los empresarios. Veremos qué responde el Ejecutivo.
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