Por Luis Hallazi
La crisis política por la que viene atravesando nuestra débil democracia aún está lejos de resolverse. Sin embargo, no hay mejor forma de empezar a resolverla que iniciar el debate no solo en el seno del poder legislativo, sino incluyendo a los distintos estamentos del poder constituyente y sus diversas formas organizativas. No se puede pretender reformas democráticas, que traerán cambios en el comportamiento de las instituciones, sin discutirlo con los principales actores de la democracia.
En esa línea, recordemos el paquete de 12 proyectos legislativos que entrego la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política presidido por Fernando Tuesta , fueron propuestas que en un primer momento pasaron inadvertidas por el Congreso y que solo a partir de la cuestión de confianza se obligó a debatir bajo la contingencia de un cierre constitucional del Congreso. Esto significó que se priorice 6 proyectos de ley para su debate que actualmente siguen en discusión.
Tras revisar las seis propuestas priorizadas, debemos considerar que ninguna refiere claramente la necesidad de modificar la participación política efectiva de representantes de pueblos indígenas en los diferentes niveles de gobierno, principalmente en la conformación del parlamento; para el Poder Ejecutivo no es una falla del sistema que ciudadanos históricamente excluidos, como los pueblos indígenas, cuenten con representación directa en el Poder Legislativo, de la misma manera como si considera trascendental la discusión de paridad y alternancia en la representación por género.
Lo cierto es que en una de las propuestas legislativas a penas se hace mención a este tema, se trata del proyecto de ley 4186-2019-PE, proyecto que modifica la Ley Orgánica de Elecciones respecto al Sistema Electoral Nacional; donde al final en el artículo 21 se incluye 2 circunscripción electorales especiales, una para extranjeros que asignan dos escaños y otra para pueblos indígenas que asigna 1 escaño.
Esta sería la formula como el gobierno actual pretende saldar la brecha histórica de sub-representación parlamentaria de los pueblos indígenas en el sistema político peruano, no olvidemos que los indígenas como sujeto pleno de derechos políticos, no existieron oficialmente sino hasta la Constitución de 1979, donde recién se introduce la posibilidad de que personas analfabetas puedan votar.
En ese sentido, otorgar un escaño indígena, no solo es insuficiente, debido a la actual información con la que se cuenta hoy en día, sino además vulnera el principio de igualdad y no discriminación. Aclaremos que en la actualidad en Perú se aplica un sistema de cuotas para candidaturas indígenas que asegura la participación pero no la representación, más no existe el mecanismo de escaños reservados que buscan asegurar un número de asientos para representantes indígenas.
En el caso peruano el 2002 se hizo una reforma a la Ley de Elecciones Municipales por la cual se estableció el sistema de cuotas indígenas para las listas de las elecciones regionales y municipales provinciales, donde por lo menos el 15% de candidatos en las listas electorales deben ser indígenas. Este mecanismo no ha funcionado.
Es así que recientemente por iniciativa de las principales organizaciones indígenas nacionales con el respaldo de tres bancadas, ha ingresado para su discusión el proyecto de ley 4542 /2018- PE que en lugar de un escaño asignado para pueblos indígenas crea 32 escaños en razón a la información del último censo nacional del 2017 donde el 25,6% de peruanos y peruanas se autoidentifican como miembros o parte de un pueblo indígenas u originario. El proyecto además reconocería un sistema de elección de representantes indígenas que respete su propio derecho consuetudinario de elección, basado en sus usos y costumbres.
En la actualidad dieciocho democracias aplican la reserva de escaños para representar a diferentes identidades colectivas que se relacionan con el Estado y no cuentan con interlocutores directos que representen su agenda indígena. Técnicamente es posible, puesto que hay suficiente información generada en el último Censo 2017; pero sobre todo es una deuda histórica que para el bicentenario podría empezar a saldarse; además no olvidemos que aproximadamente el 70% de conflictos que reporta la Defensoría del Pueblo son conflictos con pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas y ese es un síntoma de la falla de nuestros sistema político de representación.
Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo investigador en derechos humanos: luis.hallazi@gmai.com
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