Tras el otorgamiento de la licencia de construcción, pobladores del Valle del Tambo alzaron la voz de protesta. ¿Qué implica desarrollar este proyecto minero?
Aunque el proyecto minero Tía María ya recibió luz verde, la pelota sigue en la cancha del gobierno. Y es que mil cuatrocientos millones de dólares puede sonar a una gran cifra de inversión privada, pero es dinero que no llega directamente a las manos de las personas afectadas —en el buen sentido de la palabra— por este proyecto de cobre.
Los afectados, según el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, serían 30 mil en la provincia de Islay y específicamente en Cocachacra, entre dos mil y tres mil.
¿Por qué seguir adelante, entonces, con este proyecto?
“Es de todos los peruanos”, fueron las palabras que dio Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), sobre la aprobación de la licencia de construcción del Proyecto Tía María, una semana antes de que esto ocurra.
En ese momento, Velarde sostuvo que una minería que no contamine era necesaria en el Perú y que la oposición sin argumentos y “solo por oponerse” al proyecto no tenía justificación teniendo en cuenta el impacto que esto conlleva a la economía nacional.
Esto dejará Tía María
“Solamente para la región de Arequipa S/600 millones en pago de impuestos, US$1,400 millones en inversión y 3,600 puestos de trabajo en la fase de construcción” será el impacto directo del proyecto, explica confiado el ministro Ísmodes.
Para ponerlo en contexto, solo en el 2018 Arequipa recibió por canon S/199 millones, cifra que se vería duplicada por el aporte de canon que proyecta entregar Tía María cada año: S/270 millones según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
“Eso es ocho veces el canon que recibe actualmente Islay”, señala su presidente ejecutivo, Pablo de La Flor a RPP. Comparándolo, esos doscientos setenta millones de soles superan al presupuesto anual de la Municipalidad de Miraflores, que este año recibió S/213 millones.
Pero eso llegará en unos años, cuando la mina empiece a operar. ¿Qué pasa ahora? De acuerdo con el ministro Francisco ísmodes, desde el año pasado se ha iniciado un plan de desarrollo para el corredor al que afectará las operaciones de la mina, para reducir la desconfianza de la población frente a proyectos mineros.
“Por ejemplo, hemos identificado un proyecto de 900 millones de soles para desarrollar un proyecto de agua y saneamiento en la provincia”, comenta Ísmodes. “Islay no tiene agua y saneamiento”, agrega.
Traslado de la riqueza
El ministro Ísmodes comenta también que el gobierno siempre ha buscado que la riqueza del subsuelo venga acompañada con bienestar en la superficie. Sin embargo, analistas reconocern que el terreno que le toca enfrentar a la empresa es complicado.
“El Estado ha estado ausente. Eso es cierto, pero esas falencias que son históricas no es excusa para que el gobierno no ejerza su principio de autoridad”, opina Raúl Ferrero, ex ministro del Mincetur, respecto de hacer respetar el otorgamiento de licencia.
Del lado de la empresa, Raúl Jacob, gerente financiero de Southern Perú, comenta que con la inversión US$1,400 millones del proyecto se podrían también realizar inversiones sociales “en combo” en agua y saneamiento, transportes, salud, educación y agricultura.
En agua, por ejemplo, 22 km de distribución primaria y secundaria de agua y un sistema integral de saneamiento así como 300 kilómetros de vías carrozables y asfaltadas.
La construcción de 7 hospitales y 17 centros de Salud, así como 183 colegios entre otros beneficios que explicó durante una reunión de la Cámara de de Comercio Peruano-Canadiense.
“El poder atraer a otros actores importantes a estas zonas donde pueden asociarse con pequeños productores y sacar productos de calidad que puedan mejorar los ingresos de esas personas le da una dinámica (a la inversión de Tía María) completamente diferente”, indicó el ex ministro de Agricultura del gobierno de Ollanta Humala, Juan Manuel Benítez, como otro de los beneficios que van más allá de explotar cobre.
¿Afecta al agro?
Para José de Echave, las preocupaciones de los productores agrícolas de la zona son varias, pero destaca el impacto que puede traer el desarrollo de la actividad minera cerca al Valle del Tambo.
“Además, (los agricultores) saben que hay como diez empresas que tienen concesiones mineras en la provincia de Islay que podría intentar explotar”, indicó recientemente al portal Noticias Ser.
Para Diego Macera, presidente del Instituto Peruano de Economía, es necesario que todas estas dudas se despejen a través de un proceso de diálogo donde haya flexibilidad tanto del Estado, como de la empresa y las comunidades.
“Para el último estudio de impacto ambiental, por ejemplo, la empresa propuse desalinizar el agua en vez de usar el recurso del río”, comentó en el programa Quién tiene la Razón.
“Primero explicar las características del proyecto para limitar los temas de preocupación medio ambiental y si no es suficiente, de repente, tener la flexibilidad desde el Estado y de la empresa para adecuarlo a una preocupación de la población que puede ser legítima”, agrega.
Inconvenientes
Un grupo de dirigentes y pobladores del Valle de Tambo que se oponen al proyecto minero Tía María, acordaron iniciar una paralización indefinida desde el próximo lunes 15 de julio en contra del proyecto.
Esta semana, unos 500 pobladores realizaron una movilización por las calles del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, y luego se reunieron para acordar la medida de protesta.
Al respecto, Pablo de La Flor, de la SNMPE, confía en que se puede llegar a obtener un diálogo. La empresa está abierta a ello.
“Hay que reconocer que hay un grupo pequeño que tiene opiniones negativas que difícilmente va a cambiar, pero en cualquier caso lo importante es la disposición de la empresa de crear ese espacio de diálogo”, comenta.
Mientras el diálogo no presente claramente los beneficios de desarrollar Tía María para las comunidades del Valle del Tambo, todo parece indicar que no se logrará avanzar en el mismo sentido.
Por el momento, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ha dicho que el gobierno buscará y propiciará el diálogo. El presidente Vizcarra, en cambio, no se ha pronunciado enfáticamente sobre el tema. La pelota sigue en su cancha.
Southern Perú
El vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob Ruisánchez, dijo que si bien Southern respeta la opinión de los opositores que tienen una “negativa radical al proyecto”, la mayor parte de la población lo apoya.
El empresario señaló que la licencia social no es un procedimiento de tipo jurídico o procesal que deba cumplirse, sino que representa el apoyo de la población al proyecto. Lo que hace falta, señaló, es resolver dudas y preocupaciones de los ciudadanos.
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