Por Walter Castillo Chávez
Y resulta que no eran 150 minoritarios habitantes del valle, los únicos que se oponen a la desprestigiada Southern. Las imágenes no mienten.
Alrededor de 5 mil hombres y mujeres del agro saturaron la carretera rechazando a la empresa y al gobierno que le dio la licencia.
A pesar de la presencia de mil policías y 200 efectivos del Ejército, en 9 carros portatropa, noticia reportada por Serafín Ticona de Radio Melodía y otros corresponsales quienes notaron también que los ‘espartambos’ marcharon en las manifestaciones, estas fueron pacíficas.
Cuando Vizcarra afirma que dio la licencia porque Southern cumplió con todos los requisitos, pero a la vez afirma: “No están dadas las condiciones para empezar el proyecto”, implícitamente está admitiendo que la resistencia de la población es definitoria, y por tanto la licencia social es indispensable.
Ante ello, el gobernador Cáceres Llica dio una especie de ultimátum al gobierno, solicitando que en 72 horas declare la nulidad de la licencia, mientras que la dirigente Mary Luzmila Marroquín anunció que el sentir de los tambeños es la cancelación definitiva del proyecto.
¿Qué puede ocurrir ante dos posiciones tan antagónicas?
1.- Si Vizcarra no anula o cancela la licencia, Southern podrá iniciar cualquier día o mes, sus actividades ya que tiene el derecho reconocido, manteniéndose un foco continuo de reclamos y conflictos.
2.- Una salida es que ambas partes acepten la revisión del nuevo y cuestionado estudio de impacto ambiental presentado por Southern. Esta revisión la haría una entidad acreditada, cuyo veredicto final sería aceptado y vinculante, dando lugar a la conformidad o cancelación definitiva del proyecto.
Para Rodolfo Marquina de Desco, la entidad idónea es la Unops, mientras que Roque Benavides se opone.
3.-Si hipotéticamente se demostrara que la minería puede convivir con la agricultura en la zona, una alternativa que podría variar las condiciones de negociación, sería que Southern ofrezca a los tambeños un porcentaje significativamente mayor del impuesto a la renta minera (llamado canon), en una proporción similar a la lograda por Bolivia.
Lo cierto es que ante casos como Tía María-La Tapada es ineludible que las reglas de juego sean claras y no sacrifiquen la vida y el ambiente.
*Periodista y educador
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