Han pasado 8 años desde la protesta denominada “aymarazo”, gestada en la zona sur del departamento y que tuvo sus peores consecuencias en la ciudad de Puno. Ese mismo año (2011) se inició una investigación cuyo proceso, en el Poder Judicial, hasta ahora no concluye.
En el 2018, antes de las elecciones regionales y municipales, en las cuales el principal acusado, Walter Aduviri, salió victorioso y se adjudicó el cargo de gobernador regional, se derivó a fojas cero el proceso judicial, de manera que se inicie nuevamente con las sesiones en la corte.
Al respecto, la autoridad regional mencionó que no es necesario asistir a este nuevo juicio, pues se está realizando en las mismas condiciones que el anterior, justificando así su última ausencia a la cita judicial, en donde tuvo la oportunidad de declarar y defenderse.
“No necesariamente debo asistir, porque ya conozco el proceso que se lleva, con las mismas condiciones que en el año 2017. Es el mismo procedimiento, testigos, lenguaje; no ha cambiado nada”, mencionó.
Dijo también que la nueva instancia será la que se pronuncie sobre el fallo, pero no quiso opinar de la forma en que vienen actuando los magistrados del Poder Judicial; no obstante, aseguró que está pendiente del proceso.
Respecto de las protestas contra el proyecto Tía María, en Arequipa, sostuvo que el Ejecutivo debe iniciar con la formulación de una nueva Constitución Política, a fin de que los recursos naturales sean bien explotados, a favor de los peruanos.
Finalmente, sobre la pequeña minería y minería artesanal, dijo que la principal responsable es la Dirección Regional de Energía, cuya última labor de fiscalización en Ananea terminó por clausurar 30 mineras informales. Sobre la cuenca Llallimayo, solo invocó a organizarse más.
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